Cinco años después de que entrara en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las organizaciones de la sociedad civil tienen claro que no solo el proceso va demasiado lento, especialmente en los territorios indígenas, sino que el despojo continúa, así como el desplazamiento forzado.

Para el Cinep, Indepaz, Dejusticia, Codhes y varias comunidades étnicas es urgente que se brinden medidas de protección para los reclamantes de tierras, debido a las amenazas y las muertes que se han presentado, así como para los funcionarios estatales que participan en el proceso de restitución y los jueces y magistrados de restitución.

Incluso, revelaron que las amenazas que se están presentando en comunidades del Chocó buscan crear un desplazamiento ‘gota a gota’. De acuerdo con Sara Vourensola, de la Fundación Luterana Mundial, con esta forma se pretende consolidar un nuevo despojo.

En ese sentido, le solicitaron al Gobierno Nacional que reactive la Mesa Nacional de Garantías y que implemente de manera prioritaria e inmediata el ‘Sistema Integral de Seguridad’ que contempla el acuerdo de paz con las Farc.

En este se establecen  medidas que permitan garantizar la seguridad y protección para los movimientos y organizaciones sociales.