Cada vez más se abre paso la posibilidad de que sea el Congreso de la República –de forma muy rápida- desde donde se tramite y adopte la reglamentación requerida para dar marcha a los acuerdos de paz con las Farc, que están próximos a ser modificados con el Gobierno Nacional.

Este martes el presidente Juan Manuel Santos, se pronunció en tal sentido y dijo que los ajustes se harán con base a la Constitución Nacional, las leyes vigentes y los fallos de la Corte Constitucional. Desde el mismo Congreso se volvió a insistir que el mismo está habilitado para tramitar las normas que se requieran.

En tal sentido el senador y negociador en la última parte en la mesa con las Farc, Roy Barreras, planteó cinco escenarios en los cuales se pueden incorporar los cambios en los acuerdos y la manera como se podrán empezar a implementar.

Según Barreras, el primer escenario, el ideal –según él-, es que haya el consenso con todos los voceros del no, incluido el Centro Democrático, sobre propuestas razonables que aceptadas por Farc irían al Congreso.

Otro escenario, el cual denomina como posible, es “nuevo Acuerdo con ajustes fruto del máximo consenso posible con diversos voceros del No y Farc que luego iría a Congreso”.

Plantea el que llama escenario del fuero presidencial. “El Plebiscito negó este acuerdo pero el Presidente mantiene su potestad para firmar un nuevo acuerdo”.

Barreras asegura que otra posibilidad es que el Congreso tiene autonomía y orden constitucional para implementar un Nuevo Acuerdo. “El plebiscito según Corte Constitucional no obligó al Congreso”, sostiene.

Por último, y en lo que llama el escenario más radical, es que si las consultas con los tres voceros, precandidatos del NO de Centro Democrático fracasan, se deba consultar el nuevo acuerdo a los 34 millones de colombianos.

El senador y expresidente Álvaro Uribe, se ha apartado de la propuesta de sectores cercanos al gobierno, como las de Barreras, en el sentido de apurar la discusión y fijar los cambios. Para Uribe esta discusión requiere que se oigan a todos los sectores del no, que se debatan las propuestas.

Insiste que el acuerdo no debería incluir compromisos de impuestos prediales o de avalúos catastrales. Estos últimos, en lo rural, "han pasado aproximadamente de 32 billones de pesos en 2002 a más de 150 billones en la fecha. Muchos incrementos han ignorado la productividad potencial y aplican un concepto de especulación inmobiliaria, contrario a la economía productiva".

Dice también que en materia de expropiación no solamente se repite la norma existente sino que se agregan motivaciones de reparto, fracasadas en el pasado.

"Las zonas de reserva campesina dejan de ser discrecionales para el Estado, su inclusión en los acuerdos y la obligación de regularlas con la comunidad, las hace imperativas. La congelación de la comercialización de inmuebles, dentro de su perímetro, que hoy existe, espanta la inversión", declaró.

En el Congreso el liberalismo ya empezó a promover que sean el Senado y la Cámara, los que pueden empezar a dar solución a la implementación del acuerdo, sin importar que aún se sigan pactando los cambios eventuales a los que ya aceptaron Gobierno y las Farc hacer luego del resultado del plebiscito del 2 de octubre.