El grupo que respaldó política y financieramente al excandidato a la Alcaldía de Cúcuta, Jorge Acevedo Peñaloza, se resiste a perder poder en el panorama local. Mediante un calculado movimiento en el que intervienen integrantes de Cambio Radical y antiguos miembros de esa campaña, se extendieron los tentáculos para apoderarse de la Personería y la Contraloría de la capital de Norte de Santander.
Y parece que en el caso del personero ya tiene ganado ese puesto, donde llegaría el dirigente conservador, Francisco Cortés, a quien la cuestionada Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) le dio una alta calificación en las pruebas de selección que lo puso de primero en la lista de elegibles.
Cortés se distanció del conservatismo en las pasadas justas electorales y decidió vincularse a la aspiración de Acevedo, donde le premiaron ese apoyo nombrándolo como jefe de debate.
La CUN, que es protagonista de escándalos en otras partes del país, como Córdoba (ver recuadro), es el caballo de batalla para esta operación de conquista de los organismos de control en Cúcuta.
Su aparición en este concurso de méritos obedece a que el Concejo, en octubre, determinó buscar una universidad con facultad de derecho, en la ciudad, para calificar a los abogados participantes en el proceso para elegir personero.
Sin embargo, después dio reversa y señaló innecesario el requisito del programa de derecho y lo cambió por el de una institución educativa de reconocida trayectoria académica, como aparece en una resolución firmada por el presidente del cabildo, Eduardo Antonio Gerardino Mandón, cuyo hijo Yilmar Antonio Mandón fue elegido concejal por Cambio Radical.
Por ese partido ha venido actuando como veedor departamental el empresario Víctor Carrillo Sepúlveda, uno de los principales aportantes al proyecto político de Acevedo a la Alcaldía que no logró cuajar. La votación obtenida llegó a 87.172 tarjetones, contra 102.388 del ganador, César Rojas, de Opción Ciudadana.
Los intríngulis de la alianza
Resulta que de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior el representante legal es Jaime Alberto Rincón Prado, antiguo propietario de la empresa de televisión por cable Cablecentro, muy amigo de Carrillo Sepúlveda, quien es el dueño de ‘Tu Kanal’, en donde se publicitó ampliamente la campaña a la Alcaldía.
Pero la prueba reina de esta operación para tomarse las entidades fiscalizadoras locales se encuentra en el centro de Cúcuta. Al cruzar por la esquina de la avenida 5 con calle 15, un gran aviso amarillo en letras negras deja en claro que Rincón Prado y Carrillo Sepúlveda son socios.
En ese lugar, donde por años funcionó un bailadero, se está construyendo una sede de la CUN cuya licencia la expidió la Curaduría Urbana No. 2 de Cúcuta a nombre de Víctor Carrillo Sepúlveda, lo cual deja al descubierto la vinculación del financiador del entonces candidato a la Alcaldía al centro de estudios contratado por el Concejo para rajar o aprobar a los 32 aspirantes a la Personería y a los 18 que buscan la Contraloría Municipal. (Ver facsímiles licencia y diseño)
Un detalle adicional ratifica esta sociedad de los dos hombres que de los medios electrónicos de comunicación saltaron al negocio de la educación. En julio de 2012, el dueño de la CUN, Jaime Alberto Rincón Prado estuvo en Cúcuta con Víctor Carrillo para la firma del convenio con la Alcaldía para una alianza educativa con el Centro Tecnológico.
En aquella oportunidad, el alcalde Donamaris Ramírez, de cuyo gabinete hizo parte Jorge Acevedo, en las secretarías de Bienestar Social y Desarrollo Social, dio la bienvenida a la CUN con la afirmación que en el 300% se elevó la oferta educativa del Centro Tecnológico.
En el coctel con el que se selló el acuerdo, estuvo como asistente el diputado Cortés, a quien ahora los calificadores de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior le dieron 82 puntos en las pruebas de conocimiento, en la competencia para la Personería, quedando en el primer lugar.
Lo anterior significa que a este ‘escudero’ de la frustrada campaña de Cambio Radical a la Alcaldía hay que decirle personero porque de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015, que fijó las reglas para esa designación: “Con los resultados de las pruebas, el Concejo elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles, con la que se cubrirá la vacante del empleo de personero con la persona que ocupe en el primer puesto de la lista”.
Sin embargo, está pendiente el fallo de un juez de oralidad, a la tutela que se presentó contra el concurso, por presuntas violaciones al debido proceso.
El especialista en Derecho Constitucional, Álvaro Janner Gélvez, quien interpuso el recurso de amparo y se rehusó a presentar el examen escrito como aspirante a la Personería, argumentó falta de idoneidad para que los profesionales del derecho fueran evaluados por “una institución educativa que ni siquiera tiene calidad acreditada”.
También debe esperarse qué posición asumirán los nuevos concejales que se instalen en el cabildo en enero del año entrante y a quienes les corresponderá ‘bendecir’ lo decidido por la CUN y los directivos que no volverán al cabildo: Eduardo Antonio Gerardino Mandón, Rodolfo Torres y Oscar Javier Sanabria.
¿Por qué contratar a la CUN, específicamente, a pesar de que no puede cumplir con la idoneidad, para que realice esa importante y trascendental elección?, es el interrogante que dejó en el ambiente el abogado querellante Álvaro Janner Gélvez.
Coincidente con esa pregunta, el concejal Oliverio Castellanos, que por Cambio Radical se reeligió, afirmó que la escogencia de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior la hizo la mesa directiva dentro del marco de la Ley, que posibilita contratar una entidad pública y privada “y no habla de ese requisito de tener facultad de derecho”.
“El Concejo en pleno facultó a los directivos para activar el procedimiento y si lo hicieron bien o si lo hicieron mal o se extralimitaron, ellos tendrán que responder”, declaró.
La posición de Mandón, Torres y Sanabria se sintetiza en la respuesta al juzgado donde hace tránsito la tutela. Argumentaron que las Universidades Libre, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar y de Pamplona, así como la ESAP, no participaron y por eso le dieron el contrato a la CUN.
Violación al principio de economía
El contrato 048, por el que el Concejo de Cúcuta pagó $10 millones para el concurso de personero, extrañamente no se puede consultar porque el vínculo no funciona en la página web de la CUN, que proyecta tener sede propia en un edificio de cuatro pisos y sótano, en el corazón de la ciudad.
El concejal electo del liberalismo, Jaime Ricardo Marthey, advirtió que el cabildo incurrió en la violación al principio de economía con ese contrato de prestación de servicios.
“Todos los procesos administrativos que tienen que ver con la selección de personal se deben ceñir al principio de economía y aquí vemos que el Concejo le pagó $10 millones a la CUN, cuando la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) lo hace gratis y tiene un aplicativo en Internet con todos los elementos para la selección”, dijo.
Marthey reprochó lo que está ocurriendo en el estreno del nuevo procedimiento en el cual, el Concejo que se va deja la lista de elegibles y el que llega simplemente hace la entrevista y ‘bendice’ al personero que ya tiene nombre propio. “Los nuevos sabemos que estamos amarrados porque la mesa directiva tiene unas facultades que le dio la plenaria”, recordó.
Para tomar distancia frente a lo actuado, alertó lo siguiente: “el proceso de selección de personero y de contralor se está haciendo a espaldas de la ciudadanía” y notificó: “me tendré que declarar impedido porque hasta el momento me parece que no es transparente”.
‘Es inviable’
Oscar Angarita Vega, quien se estrenará como concejal por el Partido de La U, consideró inviable el proceso y les solicitó celeridad a la Procuraduría y el juzgado donde hace trámite la tutela, con el propósito de que las actuaciones se hagan cumpliendo las normas.
Les exigió a los directivos del cabildo los parámetros de selección y la justificación sustentada “de que esa universidad que contrataron era la mejor y la más idónea”.
Angarita Vega sacó a relucir lo señalado en el Decreto 2485 de 2014, de que la convocatoria contendrá economía en el proceso de elección. “Aquí cabe la pregunta de ¿por qué no hicieron todo con la ESAP, que no cobra, tiene experiencia en ese tipo de concursos para seleccionar personal, es la universidad del Estado y hasta tiene un instructivo?”, alertó el munícipe electo.
Con un concepto del Consejo de Estado, Oscar Angarita dejó entrever que no necesariamente Francisco Cortés sea el ‘ungido’ “porque hay otro señor (Pedro Yoner Meza Rodríguez) que obtuvo 76 puntos”. Su tesis la fundamentó en este argumento del máximo tribunal contencioso administrativo: “(…) los concejos municipales que inician periodo el primero de enero del año entrante deberán tener reservados para ellos el componente subjetivo (entrevista) y la elección como tal, de manera que se respete la competencia que se les asigna”.
Carlos Camero, que llegará al Concejo por el grupo ‘Todos por Cúcuta’ que lideró Acevedo, opinó: “A la luz de lo establecido en el artículo 313 de la Constitución, que en su numeral 8 establece que les corresponde a los concejos elegir el personero, y lo referido por la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 2485 de 2014, se deben tomar las medidas necesarias por la Procuraduría como ente competente que garantice que al momento en que haya que elegir al personero se pueda tomar una decisión viable y ajustada a la Ley, máxime cuando al respecto el Consejo de Estado ha hecho jurisprudencia y esto conlleva a definir las competencias que le correspondan al Concejo saliente y al nuevo Concejo que le corresponde elegir el personero para el periodo 2016-2020”.
Movida por la Contraloría
Y para buscar el remplazo de Carlos Eduardo Coronel en la Contraloría Municipal, la CUN aparece de nuevo, así como aspirantes muy cercanos al ex candidato a alcalde de Cambio Radical.
Ahí están Alix Yirley Vargas Torrado, Carlos Humberto Acevedo y Nexi Xavier Zambrano Rodríguez, gerente de la campaña de Acevedo.
Entre quienes les compiten se encuentran la ex precandidata Blanca Cruz González y Doris Eliana Jaimes, esposa del representante a la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, a quienes en principio la CUN había excluido.
Alerta en Córdoba
La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior es conocida en la oficina de Transparencia por Colombia, en la Presidencia de la República.
Y no es porque esa entidad que lucha contra la corrupción la vaya a premiar o algo por el estilo. Resulta que allá reposa una denuncia porque en Córdoba la Asamblea escogió a la CUN para calificar y designar la lista de aspirantes a la Contraloría Departamental. La alarma se activó en tierra cordobesa porque a la corporación la saliente Gobernación le concedió convenios por $56.000 millones.
“Hemos denunciado presuntos intereses turbios de algunos integrantes de la Asamblea y de otros dirigentes políticos que buscarían manipular la elección de quien debe vigilar los recursos de la región”, dijo Camilo Enciso, secretario de Transparencia, según un informe del periódico El Tiempo.
Procuraduría abre indagación contra mesa directiva del Concejo
Ante las presuntas irregularidades que han rodeado el proceso de elección de personero y contralor municipal en el Concejo de Cúcuta, la Procuraduría Regional ordenó la apertura de una indagación preliminar contra la mesa directiva de la corporación.
Dicho cuadro está conformado por los concejales, Eduardo Antonio Gerardino Mandón, presidente del cabildo (Cambio Radical); Rodolfo Torres Castellanos, primer vicepresidente (La U); y Oscar Javier Sanabria Uscátegui, segundo vicepresidente (Cambio Radical).
Días atrás, el procurador regional, Juan Carlos Bautista, atendiendo la recomendación del jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó una serie de informaciones a la mesa directiva sobre la forma como adelantan el proceso de elección de personeros.
Entre los datos que pidió la Procuraduría entregar para verificar si se estaba cumpliendo con la ley se incluía:
-Modalidad que usó el Concejo para el proceso de selección de personero y contralor municipal para el periodo 2016-2019.
-Cuáles fueron los criterios jurídicos, técnicos, administrativos y financieros para determinar la capacidad del Concejo para adelantar el proceso de selección.
-Qué trámite presupuestal se surtió dentro del Concejo para pagar el referido proceso de selección.
Como se recuerda, el Concejo firmó un convenio con la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), para adelantar el proceso de selección de los elegibles tanto para el concurso de méritos de personero, como para la convocatoria de contralor.
Por estos hechos, uno de los participantes a ocupar la Personería decidió tutelar el proceso, argumentando irregularidades en la escogencia de la institución encargada de las pruebas.
