El 7 de agosto se instala un nuevo gobierno en Colombia que tendrá muchos retos por delante y que deberá estar preparado para enfrentar momentos difíciles, frente a los cuales hay gran expectativa por parte de los colombianos.

Si bien durante la administración que está por terminar uno de los principales anhelos del país se hizo realidad después de más de 50 años, la paz con las Farc, y se logró sentar al Eln a negociar el fin de la guerra, muchos otros desafíos emergieron y necesariamente deberán estar entre las prioridades del nuevo mandatario.

A continuación, algunos de los temas que estarán en la agenda del sucesor de Juan Manuel Santos:

Fronteras ingobernables

Narcotráfico, postración social y una migración que crece en número y desespero, es la realidad que afronta hoy Colombia en sus fronteras con Venezuela y Ecuador, donde pareciera reverdecer un conflicto con varias aristas.

La violencia que allí se ha desatado y que ya tiene un grave antecedente como la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio, de Ecuador, no solo ensombrece la seguridad regional, sino la perspectiva de que el país consolide la seguridad y el acuerdo de paz en el próximo gobierno. 

Grupos armados organizados se disputan hoy los  territorios que son claves para el tráfico de drogas que azuza la persecución y prohibición impuestas por Estados Unidos, sin que hasta el momento el Gobierno haya podido ejercer un mayor control sobre ellos.
 
En la frontera con Venezuela también hay un contrabando de mercancías y gasolina subsidiada del vecino país, que se emplea en la fabricación de cocaína, y que está bajo el dominio de las bandas criminales. En los últimos meses se ha dicho que también hay influencia del Eln en este negocio.

Para contrarrestar todos estos fenómenos, en los pasos limítrofes con los dos países más de 20.000 soldados intentan contener un mal que se fortaleció tras la desmovilización de las Farc y los incumplimientos por parte del Gobierno.

“El gran reto es que esas amenazas son trasnacionales, de tipo fronterizo”, asegura Irene Cabrera, investigadora de la Universidad Externado, quien considera que la cooperación para enfrentarlas plantea un desafío.

Crecimiento de la coca

Colombia es el primer productor mundial de hoja de coca, materia prima de la cocaína, y el mayor productor de esa droga, según la ONU. 

Tumaco, una región sumida en la pobreza, pero con 23.148 hectáreas (16% del total del país), es el municipio con más coca cultivada en el mundo y forma parte de la ruta del Pacífico por donde sale la mayor cantidad de droga hacia Estados Unidos. Al menos 12 grupos se enfrentan allí por el control territorial. 

Ante este  panorama, el año pasado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con descertificar al país en su compromiso antidrogas, poniendo en riesgo la millonaria ayuda que ofrece  desde hace casi dos décadas para enfrentar el problema.

Por esta razón, el Gobierno colombiano se propuso erradicar por la fuerza 65.000 hectáreas este año, que se suman a 52.000, en 2017.

Tras su desarme, las Farc también se comprometieron a combatir el narcotráfico, que por décadas se convirtió en la fuente de financiación de su lucha armada.

Sin embargo, las zonas cocaleras donde hacía presencia la otrora guerrilla más grande del país han sido copadas por el Eln, las disidencias de las Farc y los narcotraficantes.

Migración sin precedentes

Colombia se enfrenta hoy a un desafío desconocido: la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y humanitaria de su país. 

Desde agosto de 2015 y a la fecha, unos 762.000 venezolanos han migrado y de ellos casi 518.000 pretenden quedarse, según un balance oficial actualizado y que están en proceso de censo.

En una coyuntura económica compleja, el Gobierno Nacional, que encabeza la oposición regional contra el presidente Nicolás Maduro, ha solicitado ayuda internacional para hacerle frente a una emergencia humanitaria que cada día parece ser mayor.

Esto ha desencadenado una serie de problemas en materia de desempleo, atención en salud, educación, vivienda, inseguridad y mendicidad, que deberán ser asumidos por quien llegue a la Casa de Nariño.

Venezuela, que comparte 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, recibió durante años a miles de nacionales que huían del conflicto armado, pero hoy muchos de ellos están retornando a su país de origen en busca de mejores oportunidades.

Mantener el rumbo de la economía

Aunque la atención de los candidatos y los electores ha estado centrada en el futuro del acuerdo de paz con las Farc y la discusión sobre el riesgo de que el país se convierta en una segunda Venezuela si gana Gustavo Petro, los temas económicos han carecido de fuerza en el debate presidencial.

Según las cifras más recientes, la economía colombiana, la cuarta de América Latina, creció el año pasado un 1,8% (su peor crecimiento en casi una década)  y en el primer trimestre de este año se expandió al 2,2 %, un ritmo que está por debajo de su capacidad real, pues en 2014 logró un 4,4 %.

Desde la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia, en 2010, el país registró un crecimiento promedio de 3,85%. El saliente mandatario deja un déficit fiscal de 3,6% del PIB, una tasa anual de desempleo de 9,4% y una inflación de 4,1%.

Además de enfrentar adversidades propias de un Estado social de Derecho, como el costo de las pensiones o el sistema de salud, el nuevo gobierno deberá costear la implementación del acuerdo de paz con las Farc, calculado en 44.000 millones de dólares en los próximos 15 años.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), señaló recientemente que la caída de los precios del petróleo, después de la gran bonanza, sumado a los impactos producidos por las consultas populares, la minería ilegal y las discusiones sobre el desarrollo sostenible, además de la necesidad de incentivar las exportaciones entre el 3 y el 5%, hacen que el tema económico requiera de salidas urgentes para no naufragar.

La implementación en vilo

A finales de 2016, Colombia logró poner fin a un conflicto armado de más de medio siglo con la guerrilla más poderosa del continente: las Farc.  Cerca de 7.000 combatientes depusieron las armas para dar el tránsito a la vida civil y política.

No obstante, el acuerdo celebrado por buena parte del mundo se encuentra en su peor momento, según alertan los exguerrilleros, que denuncian incumplimientos estatales.

Lo pactado prevé reformas políticas, agrarias, un sistema judicial para juzgar a los combatientes y reparación a las víctimas, pero para las Farc y muchos otros sectores, lo convenido avanza a paso lento.

De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), concebida como la columna vertebral del acuerdo está hoy en el ojo del huracán, por cuenta de la suspensión de la orden de extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich, quien habría delinquido después de la firma.

En el Congreso, la agenda legislativa que desarrolla lo que se pactó también quedó en el congelador y por eso el avance de la implementación empezó a quedar en veremos.

A esto se le suma la incertidumbre de quién se convertirá en el próximo jefe de Estado, pues de eso depende, en buena medida, el futuro del histórico proceso de paz.