El reconocimiento de honorarios por su labor, que después de varios intentos fallidos lograron los ediles del país en 2016, fue frenado por el presidente Juan Manuel Santos.

Al igual que ocurrió con la ley que prohíbe el pago por la reconexión de los servicios públicos, el jefe de Estado objeto el proyecto que autorizaba la remuneración para los miembros de las Juntas Administradoras Locales (JAL).

La iniciativa, impulsada por los senadores Doris Vega y Eduardo Enríquez Maya, pretendía que los ediles fueran acreedores de un reconocimiento económico por su trabajo en favor de las comunidades, toda vez que al ser elegidos por voto popular y estar  sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, no pueden ejercer otro cargo y oficio para devengar un sueldo, así como tampoco celebrar contratos a nombre propio.

Según la ley, los miembros de las JAL, salvo los que pertenezcan a los distritos capital y especiales, no tienen derecho a una remuneración por su trabajo ni pueden recibir directa o indirectamente pago o contraprestación alguna con cargo al tesoro público del respectivo municipio.

Por esta razón, desde hace varios años, estos servidores venían dando la batalla por lograr que su función no sea solo ad honorem, sino que pudieran gozar de  algún beneficio económico.

Y aunque esta vez sí fue posible que el Congreso aprobara el proyecto y la ilusión de lograr el pago de un salario se hizo realidad, el presidente de la República consideró que era inconstitucional e inconveniente y por eso lo objetó.

Según el Gobierno, la remuneración de los ediles implicaría nuevos gastos de funcionamiento para los municipios, además  de que el impacto fiscal que genera el proyecto de ley tiene repercusiones para los presupuestos locales.

“No es conveniente crear nuevas obligaciones a los municipios sin antes verificar cuáles son las condiciones materiales y las fuentes de financiación que les permitirá cumplir lo advertido en la ley”, considera el Ejecutivo.

Aun así, planteó que el reconocimiento a la labor de los ediles puede efectuarse mediante otro tipo de medidas, “que sí resulten respetuosas de la autonomía territorial de los municipios”.

En Cúcuta son elegidos cada cuatro años 97 ediles, quienes son los encargados de velar por sus comunidades ante los diferentes entes del Estado, empresas de servicios públicos, autoridades militares y de Policía, entre otras funciones.

Después del 16 de marzo, cuando el Congreso reanude sesiones ordinarias, se conocerá si se aceptan o no las objeciones presentadas por el jefe de Estado.