Tras cuatro intentos fallidos de reformar la centenaria Carta Política de 1886, sectores sociales y políticos coincidieron en la necesidad de un cambio más profundo que sentara las bases de un nuevo acuerdo político en el país.

La crisis financiera del 82, la reforma tributaria del 83, las fuertes devaluaciones del año siguiente, sumadas a la presión del narcotráfico y al asesinato de cuatro candidatos presidenciales durante esa década, evidenciaron la urgencia de impulsar una apertura democrática en el país.

Esto hizo que, incluso, la respuesta por parte de la oposición fuera favorable, llevando al expresidente Misael Pastrana, jefe del Partido Conservador, a firmar un acuerdo con el entonces presidente Virgilio Barco, para abrir paso a esa reforma constitucional.

Elegidos por voto popular, personajes de orillas opuestas como Antonio Navarro Wolff, del M-19; Álvaro Gómez Hurtado, conservador del Movimiento de Salvación Nacional; y Horacio Serpa, del Partido Liberal, presidieron la Asamblea Nacional Constituyente que le dio forma al nuevo ordenamiento jurídico en Colombia.

Sin embargo, esa convocatoria no habría sido posible sin la aparición del movimiento estudiantil universitario ‘Todavía podemos salvar a Colombia’, creador de ‘La séptima papeleta’, iniciativa que consiguió que se contara extraoficialmente un voto en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, pidiendo una consulta popular para la Constituyente.

Una idea que se revive en Cuba

Hoy, después de 25 años de aquel histórico suceso, la propuesta de una Asamblea Constituyente ha vuelto a ponerse sobre la mesa, esta vez por cuenta del proceso de paz que se desarrolla en Cuba, con la guerrilla de las Farc, quienes insisten en que esta debe ser la figura para refrendar lo acordado por las partes. 

Pero si bien en 1991 el resultado de la Constituyente fue avalado por la Corte Suprema de Justicia y aprobado por más del 86% de los electores, en opinión de expertos, actualmente no se cumplen algunas condiciones para llevar los acuerdos de paz a una instancia similar.

No obstante, al interior de los diferentes sectores políticos las opiniones están divididas, y hay quienes respaldan la propuesta del grupo armado, con algunas modificaciones.

Así, por ejemplo, para el Partido Liberal, la crisis institucional no podría soportar el posconflicto, por lo que su codirector, Horacio Serpa, propuso que en el momento en que se convoque a los colombianos a las urnas para refrendar los acuerdos, se incluya una papeleta para que se les pregunte a los ciudadanos si quieren o no que se convoque a una Asamblea Constituyente.

Una posición distante tiene Antonio Navarro, quien argumentó que no es el momento político indicado para un proceso de ese alcance, más aún cuando lo que propone la insurgencia es una Constituyente corporativa y no de elección popular abierta.

Angelino Garzón, constituyente, ex vicepresidente y una de las derrotas electorales más notorias de las pasadas elecciones territoriales, es partidario, en cambio, del plebiscito que impulsa el Gobierno, toda vez que considera que el país debe aprender de las lecciones del 91.

¿Es viable una nueva?

Tras 25 años de la Asamblea Nacional que le dio vida a la Constitución y en momentos en que la guerrilla propone implementar nuevamente esta figura, algunos analistas dividen opiniones frente a la viabilidad de la iniciativa.

Para el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, en principio sí sería viable una Asamblea para la nueva coyuntura del posconflicto, pero no en los términos de las Farc.

“Ellos pretenden que los acuerdos se validen por la ley de convocatoria y que la asamblea no se pronuncie sobre los acuerdos. Algo que iría en contra del propósito de la Constituyente”, consideró Charry.

Por su parte, Jorge Iván Cuervo, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, cree que esta idea no tendría cabida porque con las Farc no se está corrigiendo una crisis o un déficit de participación.

“El poco nivel de representación de la guerrilla en la sociedad colombiana indica que los acuerdos se pueden implementar a través de leyes o reformas constitucionales. Una Constituyente es un momento refundacional de la nación, por lo tanto los acuerdos no tendrían que ser refrendados ni en un plebiscito”, manifestó el analista. 

*Bogotá | Colprensa