Los alcaldes que tienen procesos pendientes por resolver en el Tribunal Administrativo

Jueves, 14 de Enero de 2021
4 alcaldes todavía tienen pendiente que les resuelvan las demandas de nulidad en su contra.

Los despachos judiciales reanudaron actividades esta semana, luego del receso de fin de año, y la atención volvió a quedar puesta sobre los procesos electorales que desde el año pasado hacen trámite en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander contra varios de los elegidos en los comicios locales y regionales de 2019.

Antes de que finalizara el 2020, esa corporación había resuelto ya, en primera instancia, la situación de cinco de los nueve alcaldes que fueron demandados apenas unos meses después de que salieran victoriosos en las urnas.

Estos casos fueron los del alcalde de Cúcuta, Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, a quien le fue ratificada su elección, luego de que los magistrados no encontraran configurada ninguna de las causales de nulidad sobre las cuales los demandantes pedían dejar sin efecto su credencial, como una presunta doble militancia en la que habría incurrido.

Los que también lograron salir bien librados fueron: el alcalde de Sardinata, Hermides Moncada Osorio, toda vez que el Tribunal Administrativo no encontró acreditada la presunta inhabilidad por doble militancia que se le endilgaba; el alcalde de Cáchira, Javier Alexis Pabón Acevedo, a quien buscaban anularle su elección por las presuntas irregularidades en la inscripción de un número importante de cédulas; y el mandatario de Cucutilla, Juan Carlos Pérez Parada.

Quien no corrió con la misma suerte y quedó en la cuerda floja fue el alcalde de Villa del Rosario, Eugenio Rangel Manrique, al que el Tribunal sí resolvió anularle su elección por una presunta inhabilidad en la que estaba incurso.

El mandatario fue demandado a finales de 2019 por el exalcalde y excandidato Carlos Julio Socha, quien alegó que el actual gobernante local no podía aspirar al cargo, por cuanto su compañera sentimental, Martha Rodríguez Pinilla, con quien vive en unión libre, se desempeñó como comisaria de familia de Villa del Rosario, dentro del último año anterior a la elección. Este argumento fue acogido por los magistrados.

En los casos de Yáñez y Rangel, sin embargo, la última palabra no está dicha, pues ambos fallos fueron apelados y los procesos pasaron ahora al Consejo de Estado, que será el encargado de determinar si confirma o echa para atrás lo que se concluyó en la primera instancia.

Otros procesos que ya fueron resueltos fueron los del diputado por el Partido de la U, Juan Carlos Bocanegra, quien logró mantener la credencial que obtuvo para el periodo 2020-2023, así como el del concejal de Colombia Renaciente, Mario Figueroa, al que el Tribunal sí le declaró nula su elección como integrante de la corporación municipal, por una presunta inhabilidad. Así las cosas, será el Consejo de Estado el que determine si ratifica o no esa decisión.

Así están los demás procesos

Corina Yezmín Durán, alcaldesa de Tibú: las dos demandas que cursan en su contra por una presunta inhabilidad para ejercer el cargo fueron acumuladas y el 6 de octubre tuvo lugar la audiencia inicial del proceso. Como se recuerda, los demandantes alegan que la actual mandataria no podía ser elegida, por cuanto intervino en la gestión de negocios ante una entidad pública dentro de los 12 meses anteriores a la contienda en la que resultó ganadora.

La última actuación en este caso se registró el pasado 15 de diciembre, cuando el magistrado ponente solicitó nuevamente la práctica de una prueba grafológica decretada en la audiencia inicial.

Wilden Fabián Capacho: alcalde de Labateca

: El mandatario de Labateca afronta dos demandas de nulidad electoral que fueron acumuladas en una sola y desde el 17 de septiembre de 2020 se fijó para finales de ese mismo mes la audiencia inicial dentro del proceso, la cual estaba prevista de manera virtual. Sin embargo, desde entonces el proceso no ha tenido más desarrollos.

Antonio José Marín Cárdenas, alcalde de San Cayetano: las dos demandas que tiene en curso en el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante las cuales se pide la nulidad de su elección, también fueron acumuladas en uno solo proceso, pero este no ha tenido nuevos movimientos desde la audiencia inicial que se fijó para el 5 de octubre.

José Luis Duarte Contreras, alcalde de Chinácota: al mandatario buscan anularle su elección por las presuntas irregularidades que se presentaron en el proceso de escrutinio, razón por la cual se está pidiendo la nulidad de algunas urnas de votación.

La audiencia inicial tuvo lugar el 23 de septiembre del año pasado y la última actuación en el trámite de la demanda se dio el 9 de diciembre, cuando el magistrado ponente negó una solicitud que se había hecho reiterando la práctica de algunas pruebas.

¿Y los concejales?

Luis Alejandro Castellanos: el proceso que cursa contra el concejal de Cúcuta por el Partido Liberal, a quien también buscan decretarle la nulidad de su elección, ya tuvo la respectiva audiencia inicial en noviembre de 2020 y en ese mismo mes el magistrado decidió admitirles coadyuvantes tanto a la parte demandada como al demandante. Desde entonces no ha tenido nuevos desarrollos la demanda.

Concejales de San Cayetano: el excandidato por el Partido de la U Wilmer Antonio Torres Quintero está pidiendo que se declaren nulos los votos obtenidos por la candidata al Concejo de ese municipio Rosalbina Soler Salamanca, avalada por el Partido Conservador y, en consecuencia, se anule no solo la lista presentada por esa colectividad, sino la elección de Iván Jaimes Ropero.

La audiencia inicial en este caso se desarrolló el 20 de octubre, se incorporaron las respectivas pruebas y se corrió traslado para los alegatos de conclusión el 9 de diciembre del año pasado.

Juan Diego Ordóñez: la demanda que cursaba contra el concejal de Cúcuta, por el Partido Conservador, fue resuelta a su favor en noviembre del año pasado por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, pero esta misma corporación admitió el recurso de apelación interpuesto contra la decisión y será el Consejo de Estado el encargado de resolver si confirma o revoca el fallo que mantuvo la credencial del dirigente.