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Política
Niegan protección de derecho a la réplica a la oposición
El CNE consideró que no era competente para resolver esta solicitud. 
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Jueves, 13 de Diciembre de 2018

Hace algunos días, los congresistas de la oposición Gustavo Bolívar, Ángela María Robledo, Aída Avella, Antonio Sanguino, Feliciano Valencia, Victoria Sandino, David Racero, María José Pizarro y Alexander López denunciaron que el derecho de réplica que les reconoció  el Estatuto de la Oposición les fue vulnerado por parte de la mesa directiva del Senado.

Esto, durante un debate de control político al que fue convocada la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sobre las supuestas irregularidades en el proyecto Ruta del sol II.

En vista de ello, los legisladores presentaron una solicitud ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pidiendo que les fuera protegido su derecho a la réplica tal y como lo contempla la Ley 1909 que entró en vigencia el pasado 20 de julio.

Dicha norma señala que: “Las organizaciones políticas que se declaren en oposición tendrán el derecho de réplica en los medios de comunicación social del Estado o que utilicen el espectro electromagnético, frente a tergiversaciones graves y evidentes, o ataques públicos proferidos por el presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas y por cualquier otro alto funcionario oficial”.

Sin embargo, el CNE rechazó la acción de protección de los derechos de la oposición, al considerar que no era competente para resolver esta solicitud.

Los magistrados advirtieron que, “el derecho de réplica de los congresistas en los debates políticos en los que no hay pronunciamientos de autoridades de gobierno, no son asuntos de su vigilancia y control”.

No obstante, uno de los consejeros, Luis Guillermo Pérez, presentó salvamento de voto, al considerar que el reclamo de la oposición es fundamental y “demanda de todos los operadores jurídicos acciones efectivas en todo momento y lugar para su garantía”.

Esta decisión del tribunal electoral abrió el debate, puesto que son muchos los que se cuestionan si no es esta corporación la adecuada para resolver este tipo de solicitudes, quién más deberá hacerlo.

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