Una vez más, la Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre las actuaciones del exgerente del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular, Luis Fernando Páez Carrascal, y decidió formular pliego de cargos en su contra, por presuntas irregularidades durante su paso por esta entidad.
En esta oportunidad, al exfuncionario lo investigan porque, al parecer, incurrió en una falta disciplinaria al haber pagado obligaciones por un valor superior a los $70 millones, a personas que no tenían ningún vínculo con las empresas acreedoras del Centro, “conducta con la cual se habría permitido el incremento patrimonial injustificado de ellas”.
Según la Procuraduría, “al parecer, tras la suscripción de un convenio con el objeto de elaborar órtesis y prótesis externas sobre medidas, entre la mencionada E.S.E. y la Sociedad Ortopédica Americana Ltda., se generaron seis facturas que ascienden a la suma de $70’650.591 sin que hasta la fecha la E.S.E. las haya cancelado, a pesar de haber recibido la mercancía”.
El Ministerio Público señaló que las pruebas aportadas al proceso de investigación han permitido concluir, preliminarmente, que los dineros, al parecer, fueron a parar a manos de terceros.
Por estos mismos hechos también fue formulado pliego de cargos contra Jesús Antonio Jaimes Olivares, pagador del Centro de Rehabilitación.
Provisionalmente, el órgano de control calificó las faltas de los implicados como gravísimas cometidas con dolo por, presuntamente, quebrantar sus deberes y extralimitarse en sus funciones al autorizar y ordenar el pago de obligaciones a personas que no tenían relación con la firma contratista.
En agosto pasado, la Procuraduría Regional de Norte de Santander profirió un fallo de primera instancia en el que destituye e inhabilita por 10 años a Luis Fernando Páez Carrascal, por las presuntas irregularidades en que incurrió al suscribir un convenio interadministrativo en el que el Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular se comprometió a prestar servicios para los cuales, aparentemente, no estaba habilitado. La decisión fue apelada ante la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal.
En marzo, esta misma entidad le formuló un pliego de cargos a Páez, por las aparentes inconsistencias que rodearon la suscripción de dos convenios interadministrativos para brindar atención integral básica a los abuelos y discapacitados más pobres de Cúcuta.
Para la Procuraduría, en uno de los contratos suscritos con la Alcaldía de Cúcuta, aparentemente, no existía relación entre su objeto social y las obligaciones contraídas en el mismo.
De igual forma, al exgerente de la ESE le cuestionaban el presunto incumplimiento de las responsabilidades establecidas en el convenio interadministrativo 211 del 7 de abril de 2015, suscrito con el objeto de implementar y desarrollar acciones para la atención integral de la población vulnerable discapacitada de Cúcuta.
