Las presuntas irregularidades que rodearon la suscripción de dos convenios interadministrativos para brindar atención integral básica a los abuelos y discapacitados más pobres de Cúcuta, tienen hoy en apuros al gerente del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular, Luis Fernando Páez Carrascal, y dos funcionarios de la pasada administración municipal.
Se trata del exsecretario General de la Alcaldía, Jimy Galán Villamizar, y la exdirectora del Área de Fortalecimiento Corporativo, Irly Yesennia Sandoval Pacheco.
A los tres, la Procuraduría Regional de Norte de Santander les formuló pliego de cargos, toda vez que con sus actuaciones habrían incurrido en faltas gravísimas a título de culpa gravísima.
En el caso de Luis Fernando Páez Carrascal, el Ministerio Público le reprocha el haber celebrado un contrato con la Alcaldía de Cúcuta sin que, aparentemente, existiera relación entre su objeto social y las obligaciones contraídas en el mismo.
De igual forma, le cuestionan el presunto incumplimiento de las responsabilidades establecidas en el convenio interadministrativo 211 del 7 de abril de 2015, suscrito con el objeto de implementar y desarrollar acciones para la atención integral de la población vulnerable discapacitada de Cúcuta.
Aunque uno de los compromisos era atender a 32 niños y allegar los registros de la prestación de servicios de cada uno, el gerente del Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular se habría limitado a remitir únicamente la programación de citas y actividades a desarrollar.
Contra los exfuncionarios
Al exsecretario General de Donamaris Ramírez Lobo, la Procuraduría Regional le formuló un cargo, por cuanto, al parecer, desbordó las competencias y responsabilidades asignadas al municipio por el Sistema Nacional de Salud, al suscribir el convenio 211 con el Centro de Rehabilitación.
“Según la Ley 10 de 1990, la realización de terapias en fisioterapia, sicología, fonoaudiología y trabajo social, debido a su nivel de complejidad, no son competencia del municipio, sino responsabilidad del departamento de Norte de Santander, a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud”, advirtió el organismo de control en el pliego de cargos.
Por su parte, a Irly Yesennia Sandoval Pacheco se le achaca el haber suscrito el contrato 483 de 2015 con el Centro de Rehabilitación, sin el cumplimiento de los requisitos previos exigidos por el municipio, relacionados con la capacidad jurídica y la experiencia general y específica, entre ellos, la presentación de un convenio por valor de al menos $1.849 millones.
A pesar de que existían estas condiciones, en el acta de verificación de idoneidad se dijo que la ESE sí cumplía con el perfil requerido.
Dentro de este proceso, la Procuraduría Regional de Norte de Santander ordenó compulsar copias a la Provincial de Cúcuta, de los informes emitidos a raíz de la supervisión del convenio interadministrativo 211, para que se promueva la investigación disciplinaria que corresponda contra otros funcionarios de la Alcaldía, por estos mismos hechos.
*La Opinión
