Los municipios nortesantandereanos de Tibú, El Tarra, Convención, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama, El Carmen y Hacarí harán parte de la estrategia de prevención y protección impulsada por el Gobierno Nacional, con la cual prometen garantizar la seguridad de líderes y lideresas sociales y reincorporados en zonas de alto riesgo.

Durante el 2020, Norte de Santander se ubicó como uno de los departamentos con más afectaciones a los líderes. Uno de los casos más recientes y repudiados fue el asesinato del defensor de derechos humanos Jorge Solano, en Ocaña, quien fue atacado con arma de fuego en la puerta de su casa.

En noviembre pasado, el Movimiento por la Constituyente Popular (MCP) también denunció que las amenazas ya no solo tienen como blanco a los líderes sociales, sino a sus familias, por lo que pidieron el apoyo de las entidades de orden regional, departamental y nacional para garantizar los derechos de los defensores.

La estrategia
De acuerdo con la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el proyecto se pondrá en marcha con el apoyo del Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz, que aportó 2,5 millones de dólares (unos $8.750 millones). 

La inversión total, que es cercana a los $11.000 millones, se complementa con el aporte del Gobierno Nacional de otros 698.176 dólares (unos $2.500 millones).
“Anunciamos la aprobación de un proyecto en apoyo a la estrategia del Gobierno Nacional, para reducir el nivel de violencia que enfrentan los líderes y lideresas de Derechos Humanos, y las y los reincorporados, para que puedan ejercer su liderazgo libres y seguros, previniendo la estigmatización, y fortaleciendo las capacidades institucionales y de organizaciones sociales”, afirmó Jessica Faieta, coordinadora del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, agradeció el apoyo de la comunidad internacional al proyecto que beneficiará también a las familias que hacen parte de los planes de sustitución de cultivos ilícitos.
 Archila adelantó que la estrategia de prevención en seguridad y protección colectiva se ejecutará inicialmente durante un período de dos años en 30 municipios del Catatumbo,  Chocó, y el Pacífico Nariñense.   

“El objetivo del proyecto es el establecimiento de espacios de diálogo, estrategias de prevención temprana y protección colectiva, y de gestión integral de los riesgos de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y sus organizaciones. También es enfocado especialmente para la población que hace parte de la sustitución de cultivos ilícitos o está en proceso de reincorporación”, informó la Consejería.

Esta iniciativa cuenta, además, con una estrategia de seguridad para mujeres reincorporadas, medidas de reactivación económica que tiendan a la sostenibilidad económica individual, asociativa y colectiva y que eviten el control del crimen organizado.

Cien organizaciones, tres defensorías regionales, tres procuradurías provinciales, tres personerías municipales, tres seccionales de la Fiscalía, tres alcaldías y tres gobernaciones hacen parte de los beneficiarios del proyecto de transformación territorial para el ejercicio libre y seguro de los liderazgos, la defensa de los derechos humanos y los procesos de reincorporación.

En la ejecución del proyecto  participan el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Consejería para la Estabilización, el Programa de Desarrollo para las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina de las Naciones  Unidas contra las Droga y el Delito.