La coalición mayoritaria del Concejo de Cúcuta no logró los votos necesarios para estrenar la moción de censura en esta ciudad y apartar de sus funciones al secretario de Gobierno, Francisco Javier Cuadros, a quien señalaban de extralimitarse en sus funciones por la demarcación de la zona céntrica para la ubicación de los vendedores ambulantes.

De los 13 votos positivos que se necesitaban para sacar adelante el procedimiento, tan solo consiguieron 10, dejando sin opciones la propuesta que agitó la agenda política en la capital nortesantandereana.

Desde que comenzó la sesión, ayer en la mañana, se supo cuál sería el desenlace de la votación, toda vez que siete concejales presentaron de entrada una proposición dejando constancia de que su voto sería negativo y así lo ratificaron al momento de depositar las papeletas. Ellos fueron: Edward Varón, Carlos Luis Chacón, Carlos Dueñas, Guillermo León Báez, Víctor Caicedo, Carlos García Alicastro y Albert Casadiegos. Aunque este último no estuvo en la sesión, en su lugar se presentó el voto negativo de Jair Díaz, el concejal del partido de Gobierno.

Oliverio Castellanos, uno de los corporados que impulsaba la moción, consideró que lo ocurrido ayer no representa una derrota para la coalición mayoritaria, pues esa es la democracia. Dijo que, independientemente de que no haya prosperado la iniciativa, siguen siendo mayorías.

“Algunos querían apoyar este tema, pero por circunstancias ajenas se movió el secretario de Gobierno y quedó claro que se firmaron 32 contratos en dos días y ayer hubo acta de inicio. ¿Será para que no prosperara la moción de censura? (sic)”, cuestionó el dirigente.

Castellanos manifestó que después de este intento de moción lo que queda es un llamado al secretario de Gobierno para que siga trabajando por la ciudad, por la recuperación del espacio público y por ofrecer una verdadera solución a los vendedores ambulantes.

‘Los debates entre políticos no favorecen a la ciudad’

Francisco Javier Cuadros consideró que el hundimiento de la moción de censura con la que buscaban apartarlo del cargo representa un respaldo importante hacia la administración.

“Claramente este fue un ejercicio de discusión y debate político y en ese sentido hemos ganado como ciudad. ¿Qué es lo que hay que plantear ahora?, serenidad, tranquilidad, no polaricemos. Los debates entre políticos no favorecen a la ciudad. Lo que la ciudad está requiriendo es que trabajemos de manera mancomunada y en proyectos que generen empleo, productividad, confianza, convivencia y seguridad”, dijo.

Planteó que es necesario pasar ya esta página y que lo que viene es entablar un diálogo con los concejales, mejorar los canales de comunicación para escucharlos y atender las posiciones que tiene respecto del espacio público.

“Todos estos ejercicios no hay que dejarlos pasar en vano. En todo caso hay unas voces de unos concejales que hay que reconocer, que consideraron que estas acciones no se hicieron de manera correcta. Lo justo es llamarlos, reunirse con ellos, escucharlos, exponerles nuestra posición atender sus argumentos y mejorar las decisiones”, consideró Cuadros.

Polémica contratación

Aunque el debate de el sábado se resolvió rápido y sin mayores discusiones en la plenaria, los concejales de la coalición mayoritaria pusieron sobre la mesa un hecho que habría ocurrido horas antes de que se definiera la moción y plantaron dudas frente al desenlace que tuvo la votación.

De acuerdo con el concejal Alejandro Castellanos, la Secretaría de Gobierno dejó adjudicados 32 contratos, principalmente de prestación de servicios, unas horas antes de que se definiera la situación del titular de ese despacho. Los cabildantes denunciaron que los mismos tenían como fecha de acta de inicio el viernes 13 de noviembre.

“El 12 de noviembre, dos días antes de la moción de censura, se firman 3o contratos OPS entre la 1:50 y las 2:34 p.m., ¿si eso no es corrupción, tráfico de influencias o constreñimiento, eso qué es?”, cuestionó otro de los concejales del bloque mayoritario.

Según se puede leer en la página de contratación estatal, Secop, varios de estos negocios jurídicos tienen que ver con labores de acompañamiento y apoyo logístico para la puesta en marcha de actividades en el espacio público, con las  de comunidades, cultura ciudadana, entre otras funciones propias del despacho de Gobierno.

Sin embargo, uno de los contratos que más ruido causó es uno suscrito por $100 millones para el desarrollo de actividades de bienestar animal y control de natalidad de la población canina y felina.

Por tratarse de un tema cuyo abanderado es el concejal animalista Víctor Caicedo, todas las miradas quedaron puestas sobre el cabildante, lo cual generó una dura discusión al inicio de la plenaria de ayer.

Al respecto, Caicedo se defendió y aseguró que esta misma semana tuvo que hacer público en sus redes sociales que querían tapar su voz, afectando su buen nombre, su integridad y el trabajo que viene adelantando. Manifestó que para investigar las acusaciones que se quieren hacer en su contra están las autoridades competentes y que él mismo está listo para pedir que se indaguen las insinuaciones que están haciendo sobre su supuesto proceder.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Francisco Javier Cuadros, consideró que estos señalamientos obedecen a la discusión política y reiteró que este tipo de actuaciones no hacen parte ni de la línea, ni del estilo de gobierno de Jairo Yáñez.

“Todo eso está en el Plan Anual de Adquisiciones. Todos los procesos contractuales no nos los inventamos de la noche a la mañana por una coyuntura, los procesos contractuales se planean, se organizan, de acuerdo a proyectos de inversión y demás. Entonces, no tiene ningún sustento que se quieran utilizar argumentos contrarios a que ganamos en ideas. La calumnia y la mentira no pueden volverse rutina del debate público en la ciudad”, sostuvo Cuadros.

Sobre el contrato de $100 millones, aseguró que este corresponde a un convenio suscrito con el Instituto Departamental de Salud para generar un proceso de esterilización propuesto en el Plan de Desarrollo.