Cuando todo parece indicar que Cúcuta, por fin, está próxima a contar con un personero en propiedad, el fantasma de las tutelas que obstaculizó y le puso freno a los anteriores procesos para elegir al sucesor de Orlando Arturo Puentes Valderrama y el excontralor Carlos Eduardo Coronel, se volvió a atravesar en el camino.

En esta oportunidad el turno fue para José Gregorio Estupiñán Rodríguez, uno de los 27 participantes que fue admitido para hacer parte del concurso de méritos mediante el cual se elegirá a al funcionario, pero quien no pudo presentar la prueba de conocimientos y competencias laborales.

El Juzgado Tercero de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple admitió una acción de tutela interpuesta por el participante contra el Concejo de Cúcuta, y con la cual reclama su derecho a la igualdad, el trabajo y el debido proceso.

Estupiñán Rodríguez alega que no pudo presentar el examen que tuvo lugar el pasado 29 de mayo, toda vez que se encontraba delicado de salud y al ser valorado por su EPS le ordenaron cuatro días de incapacidad, lo cual le imposibilitó presentarse a la cita.

Por esta razón, le pidió a la mesa directiva de la corporación municipal y a la misma Universidad de Pamplona, encargada de hacer las pruebas, fijarle una nueva fecha para la presentación de las mismas.

En otro escrito, el candidato reiteró su solicitud y le exigió a la mesa directiva del Concejo que hasta tanto no se resolvieran sus peticiones, no publicaran el listado con los resultados de las pruebas, hecho que no sucedió.

Ante esto, Estupiñán decidió tutelar sus derechos y solicitar que como medida provisional, se suspendiera de manera inmediata el cronograma establecido dentro del proceso de elección de personero.

Aunque el Juzgado decidió admitir el recurso de amparo, no accedió, por el momento, a detener el concurso.

Lo que sí ordenó fue vincular a la Universidad de Pamplona y al Concejo, a la acción de tutela.

El presidente del Concejo, Víctor Fidel Suárez, manifestó que sus asesores entregarán hoy respuesta al juez, aclarando que el candidato se sometió al reglamento y que no se puede organizar una prueba para una sola persona.

Imputación de cargos

A propósito del Concejo y de los fallidos procesos para elegir contralor y personero, se conoció también que el presidente de la corporación fue llamado a imputación de cargos por el delito de calumnia, luego de la denuncia interpuesta en su contra por el juez César Alejandro Ordóñez Ochoa.

Esto, a raíz de la grabación que circuló en un medio de comunicación de la ciudad y en la que el concejal Víctor Fidel Suárez hace referencia a unos supuestos favorecimientos económicos que habría recibido el funcionario judicial, para amparar los derechos de Alix Yirley Vargas Torrado, única candidata a la Contraloría.

Aunque en febrero pasado, el dirigente conservador se retractó de sus señalamientos y ofreció excusas públicas al juez y su familia, el proceso penal sigue en firme. La diligencia estaba prevista para esta semana, pero fue aplazada. 

La Opinión