Nelson Leal, alcalde de Tibú, espera tener garantías para volver a su territorio y cumplir con sus funciones como líder electo por voluntad popular. 

El pasado viernes 10 de marzo tuvo que salir del municipio con su familia, luego de haber sido objeto de amenazas y hace dos días llamaba la atención de las autoridades, responsabilizando tanto al Gobierno nacional como departamental de lo que pudiera pasarle en territorio.

Para el alcalde fue una sorpresa enterarse por medios no oficiales de la visita del ministro de la Defensa, Iván Velásquez, para presidir un Consejo de Seguridad al que no fue invitado, cuando su integridad se encuentra amenazada. 

No es la primera vez que Nelson Leal es blanco de la violencia impuesta por grupos armados que, al margen de la ley, delinquen en el Catatumbo.

El hecho más reciente ocurrió el viernes pasado cuando se desplazaba con dos escoltas, su esposa, una sobrina y su hijo de doce años por la vereda La Soledad, en Tibú. 

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Unos doce hombres armados, interceptaron la camioneta blindada y obligaron a los ocupantes a descender,  a lo que no se opusieron por temor a que la potencia de los fusiles pudieranatravesar las barreras de protección.

Los sujetos amedrentaron al grupo familiar y a Leal lo acusaban de haber hecho una mala gestión en su función como alcalde. 

Hablaron de su supuesta intención de vender a la empresa privada la administración de los servicios en un corregimiento del municipio y de malgastar recursos en la construcción de un parque, en lugar de atender otras necesidades más urgentes. 

Luego de algunas horas, donde recibió junto a su familia amenazas e intimidaciones, los dejaron marcharse. Esa misma noche, partieron rumbo a Cúcuta, dónde ahora esperan que los entes nacionales y regionales tomen cartas en el asunto.  

Aunque en esta ocasión atribuye el amedrentamiento a una manera de ejercer presión por temas políticos, no subestima la amenaza que representa mantenerse en el territorio en esas condiciones. 

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“Estamos en un proceso de construcción de paz y lo ideal es que los alcaldes que somos los que estamos en territorio se nos permita cumplir nuestras funciones y no tengamos esta zozobra”, declaró.

Nelson Leal manifestó que, luego de la denuncia pública que hizo, logró que le permitieran estar presente en el Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa, donde expondría su situación ante Gobierno nacional. 

'No nos han tomado en cuenta'

Ider Humberto Álvarez García, alcalde de La Playa de Belén, es otro mandatario que ha tenido que salir de su territorio por amenazas, debido a intimidaciones por parte de grupos armados que recibió a inicios de junio de 2022.

Aunque sigue despachando desde Ocaña, debe  viajar tres por veces por semana a su municipio para cumplir compromisos propios del cargo, debido a que el 31 de octubre se venció el decreto de despacho que autoriza su traslado a otra jurisdicción.  

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Considera que de esta manera se ha expuesto a que los grupos que forzaron su salida pueda atentar contra su integridad, al punto que el 29 de diciembre pasado, en un evento con adultos mayores, se encontró con las personas vinculadas al proceso por el atentado que sufrió el 24 de marzo, cuando hombres armados dispararon contra su camionera, hiriendo de bala al conductor.

Ahora, espera que se emita el nuevo decreto para continuar su trabajo desde Ocaña, una recomendación que se hizo en el último Consejo de Seguridad Departamental. 

Leal lamenta no solo que no hayan sido convocados los alcaldes del Catatumbo al Consejo de Seguridad con el ministro, Iván Velásquez, sino que “el Gobierno nacional, a nosotros como alcaldes, en este tema de paz total, no nos haya tenido en cuenta para absolutamente nada”, declaró.

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Existen las alertas

Pepe Rúiz, defensor del Pueblo regional, explicó que la razón por la cual los alcaldes del Catatumbo, en principio, no fueron convocados al Consejo de Seguridad fue porque se trataba de un consejo metropolitano.

Sin embargo, comentó que en el caso del alcalde de Tibú, Nelson Leal, esperaba poder reunirse con la secretaria de Gobierno Departamental, Thais Ortega, para manifestarle la necesidad de atender su caso y evaluar la posibilidad de autorizar su despacho desde Cúcuta. 

“Nosotros lo que hacemos a través de la alerta temprana es comunicarle al Ministerio del Interior la necesidad de colocar institucionalidad en esos territorios y hacerles seguimiento”, dijo.

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