~Entre los 17 países considerados como megadiversos por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, Colombia ocupa el cuarto lugar en el mundo por encima de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Venezuela y Australia, una posición que también lo convierte en uno de los lugares preferidos por los traficantes de flora y fauna.~ Entre los 17 países considerados como megadiversos por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, Colombia ocupa el cuarto lugar en el mundo por encima de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Venezuela y Australia, una posición que también lo convierte en uno de los lugares preferidos por los traficantes de flora y fauna.

Prueba de esto fueron los 4.983 delitos reportados en el 2013, de los cuales el 82 por ciento está relacionado con el tráfico, comercio y apropiación de animales o recursos fáunicos, forestales, florísticos y biológicos, según datos entregados por el Área Ambiental y Ecológica de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional.

Este aprovechamiento ilícito que ataca principalmente a especies amenazadas y propias del ecosistema colombiano como el oso perezoso, el mico tití, la guacamaya, el loro, la iguana, la babilla, la tortuga hicotea y el canario, alertó al Ministerio de Ambiente, la Universidad Nacional y la Policía Nacional, que se unieron para crear el primer laboratorio en Latinoamérica dedicado exclusivamente a la identificación de animales y plantas en vías de extinción.

Según el coronel Bernardo Trujillo Pérez, jefe de la Policía Científica y Criminalística de la Dijín, un nuevo modus operandi está siendo utilizado por algunos zoocriaderos o empresas dedicadas a la cría y venta de pieles y carne en el país y el exterior. La estrategia delictiva consiste en incluir entre los productos permitidos por las autoridades ambientales, especímenes de animales y plantas protegidos por la Ley que difícilmente eran detectados por los expertos.

“Colombia tiene una biodiversidad muy grande y personas inescrupulosas han empezado a hacer tráfico de especies. Hasta hoy no había una herramienta que permitiera, dentro de una investigación, tener elementos de prueba para determinar si una muestra animal o vegetal correspondía a algo protegido”, dijo el coronel Trujillo.

Análisis de ADN

La función del laboratorio es analizar las muestras de ADN de los especímenes incautados para compararlos con la línea genética autorizada para cada zoocriadero. De esta forma se comprobará si se trata de plantas o animales diferentes a los de la cadena de reproducción avalada para cada empresa.

La recolección de información para el registro de los grupos de ADN fue realizado por el Ministerio de Ambiente y los expertos de la Universidad Nacional, quienes construyeron una base de datos detallada sobre las especies con las que trabaja cada compañía.

“El ADN lo tiene cualquier especie viva, sea animal o vegetal. Basados en la información que nos entregaron decidimos unirnos al proyecto (…) hoy todavía tenemos agentes capacitándose en la Universidad Nacional sobre el manejo específico de los equipos, su mantenimiento y el protocolo de análisis que es necesario realizar en cada procedimiento”, informó el coronel Trujillo.

El papel de la Dijín en esta 'Trinidad' a favor del medio ambiente consiste en brindar a las autoridades ambientales pruebas fidedignas que contribuyan a la judicialización del delito y mitigar el accionar de los traficantes de flora y fauna.

“El biólogo sólo podía identificar de manera física si se trataba de una especie en vía de extinción, pero cuando teníamos el caso de subproductos resultaba más complejo y de eso se aprovechaban los delincuentes para cometer el ilícito, por eso nos vimos en la necesidad de recurrir al ADN como medida de control”, explicó el oficial.

De 2010 a la fecha, la Dirección de Protección Ambiental de la Policía tiene un registro de 209.981 incautaciones de fauna silvestre, cifra en la que predomina el tráfico de reptiles, aves y mamíferos en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar, Cundinamarca y el área metropolitana de Medellín (Antioquia).

Entre las especies de flora más afectadas en ese mismo periodo de tiempo se destaca la palma de cera, la guadua, la caña brava, el pino colombiano y el cedro en Quindío, Valle del Cauca, Caldas, Tolima y Chocó. Sin embargo, hay que destacar que además de los miles de uniformados destinados a labores ambientales, la Policía creó un escuadrón canino capaz de detectar animales vivos, productos y subproductos asociados al tráfico y tenencia ilegal de fauna silvestre.

Cultura ambiental

Aunque las penas tipificadas para esta clase de delitos, expuestas en la Ley 599 del año 2000, otorgan una máxima de 108 meses de prisión, para la ingeniera agrónoma y coronel María Antonia Sánchez, jefe del área de Protección Ambiental de la Policía Nacional, un factor fundamental que debería acompañar a las sentencias es el fomento obligatorio de una conciencia sobre la preservación del medio ambiente.

“Nosotros tenemos un programa de prevención en épocas como Navidad, vacaciones y Semana Santa, pero se hace necesario incluir dentro de las penas, la asistencia obligatoria a talleres y charlas sobre las consecuencias que genera el tráfico de especies exóticas y otros delitos ambientales, pues en la mayoría de los casos las conductas resultan excarcelables”, propuso la coronel Sánchez.

De todas maneras, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Militares ejecutan permanentemente proyectos de protección ambiental, capacitación y jornadas pedagógicas en colegios, veredas y en los mismos batallones militares, con el propósito de cambiar patrones de conducta perjudiciales para el medio ambiente.

Estas campañas y seminarios, así como los métodos de control e investigación que utilizan las autoridades ambientales para contrarrestar el tráfico de flora y fauna, estarán expuestos en el stand del Ministerio de Defensa en la IV Feria Internacional del Medio Ambiente que se realiza hasta este sábado siete de junio en Bogotá.