La situación económica y de salud de la familia Vera Díaz se hace cada vez más difícil, al no contar con recursos y por los achaques que genera la edad de madre e hija.

La primera, Marina Vera de Díaz, cumplirá en noviembre 102 años y María Antonia Díaz, 72 años. Ella tiene a cargo la responsabilidad del hogar y padecen serios quebrantos de salud.

Ellas tienen como único ingreso los dineros que perciben del arriendo del primer piso de la vivienda en donde viven; pero desde hace siete meses los inquilinos no corresponden con los respectivos pagos.

En noviembre y al ver que se cumplían cinco meses de morosidad, recurrieron a los oficios de un abogado, pero a la presente nos ven los resultados

Esto ha hecho que a medida que pasa el tiempo la situación se les complica, porque no tienen para la alimentación, comprar medicinas, pago de servicios públicos y poder corresponder con otras necesidades básicas.

La hija dice que para poder subsistir le ha tocado prestar dinero de un lado y otro y que de seguir así la situación se les va a complicar mucho más.

En lo que corresponde a salud, están afiliadas a Saludcoop, en donde afirman que reciben las respectivas medicinas, pero que no les facilitan pañales que necesitan diariamente y otro tipo de atención especializada.

María Antonia también tiene complicaciones de salud. Hace 15 años les extrajeron un riñón lo que le imposibilita hacer los oficios del hogar o ayudar a transportar a su mamá.

Es por eso que tiene que recurrir a la ayuda de una cuñada o de vecinos, los cuales no siempre tienen la misma disposición a ayudarla.

Para buscar que no se le sigan vulnerando los derechos a las dos ancianas, el personero municipal, Alexander Capacho, sostuvo que indagará sobre el avance de la demanda por el no pago de arriendo y para que las entidades de salud se comprometan en cumplir con las obligaciones que la ley exige.

Por su parte la responsable de la oficina de apoyo del adulto mayor, Mayarlis Arias, sostuvo que este caso es único, porque son dos personas de la tercera edad a quienes se les está vulnerado el derecho a una buena salud y también, porque no les pagan el arriendo.

“Pienso que quizás los inquilinos aprovechándose de la edad de estas personas no les quieren pagar el arriendo”, afirmó Arias.

Explicó que para que no sigan pagando la salud, lo más conveniente es pasarlas al sistema subsidiado y que puedan gozar de los beneficios económicos que otorga el Gobierno Nacional.

La funcionaria se comprometió a hacerle seguimiento al caso y a brindarles asesoría permanente a las ancianas.