A menos de dos meses los habitantes del área urbana de Tibú nuevamente son sometidos a un racionamiento forzado de agua potable.

Esta vez la situación obedece a un atentado contra la infraestructura petrolera en las veredas Guachimán y Campo Seis en la zona rural de Tibú. Los residentes estarán por al menos 10 días sin el vital líquido.

Según el vicepresidente de Ecopetrol, Jaime Bocanegra, en reunión de la mesa sala de crisis que se instaló ayer en Tibú,  el atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, en Guachimán, no afectó la corriente de agua que abastece a la cabecera municipal. En el sitio, el hidrocarburo se incineró cuando ocurrió la explosión.

El afluente está contaminado por el derramamiento de crudo del atentado contra el oleoducto I 21 de propiedad de Ecopetrol a la altura del kilómetro 13 + 135 en la vereda Campo Seis.  

El hidrocarburo, por lo que observó La Opinión, escurrió por una alcantarilla que desemboca en el río Tibú.

Ante esa situación, a eso de las 11:00 de la noche del pasado martes, las Empresas Municipales de Tibú (EMTIBÚ), suspendieron la succión y bombeo de agua y a la vez el suministro a la población.

“En este momento no tenemos ni una gota de agua en reserva para suministrar a la comunidad”, enfatizó la gerente de Emtibú, Marlene Mendoza Pérez.

Como en la reunión se contó con la presencia de los ministros de energía, Tomás Gonzales; y del medio ambiente, Gabriel Vallejo, la sala de crisis presidida por el alcalde, Gustavo León Becerra, solicitó el apoyo de 20 carros tanques para suministrar agua de esta manera mientras dure la emergencia.

Los funcionarios del alto gobierno se comprometieron en hacer la diligencia. Hoy estarían llegando los vehículos para empezar los recorridos.

Adicionalmente se colocaran centros de acopio en la entrada de Emtibú y en los barrios más vulnerables y marginados de la ciudad.

El agua que se suministrará será sacada del antiguo pozo que la empresa tiene en sus instalaciones y del acueducto interveredal de la J-10.

El desabastecimiento de agua afecta a más de 16.000 habitantes que residen en el área urbana de Tibú.

A mediados de abril del presente año hubo una emergencia similar que tardó cerca de 20 días para normalizar el servicio. En esa oportunidad, la contaminación del río Tibú fue por  un derrame de petróleo ocasionado por la ruptura del oleoducto para la sustracción ilegal del hidrocarburo. 

Repudio del Gobierno Nacional

El ministro de Minas y Energía, Tomás González,  repudió los atentados contra la estructura petrolera, pues la población civil es la más afectada por las consecuencias de los actos terroristas.

“Estamos priorizando la atención de la necesidad de agua y la situación de los pescadores de la zona, afectados por el derrame de crudo. Se trata de una emergencia ambiental muy grave”, dijo.

Recordó que cada vez que se registran este tipo de acciones por parte de la guerrilla, las autoridades cierran las válvulas  para evitar que se siga regando el hidrocarburo.

Por su parte, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, declaró que el territorio sufre una catástrofe ambiental por “los actos sin sentido de las Farc”, los cuales rechazó en vista de que 16 mil personas no gozan del servicio de agua.

“Los pescadores no pueden desarrollar sus actividades y la ganadería también se ve afectada. Hay muerte de peces y daños a ecosistemas. Pedimos a la comunidad tolerancia y calma, porque varios días estaremos suministrándoles el agua con carrotanques, por eso los instamos a horrarla pues no es una tarea fácil”, puntualizó.

El Ejército Nacional incrementó su pie de fuerza en el Catatumbo y mantiene fuerte presencia en la zona del desastre ambiental para estar atento ante cualquier ataque de los grupos armados.

El mayor general Juan Bautista Yepes, quien es jefe de Operaciones de la institución, también está al frente de la situación, para la cual levantaron una sala de crisis.

Yepes lamentó igualmente las acciones de la guerrilla, pues recalcó que los más afectados son los habitantes, quienes ahora sufren por la falta de agua.

En  2014 se registraron más de 67 atentados contra oleoductos del país y en 2013 hubo 47 atentados, la mayoría atribuidos al Eln.