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Comunidades del Catatumbo se turnan la vigilancia para blindarse de la COVID-19

Lunes, 27 de Abril de 2020
Custodian voluntariamente los puestos de control que improvisaron en la zona rural de varios municipios de la región.

Mediante turnos de hasta 24 horas,  las comunidades de Tibú, Sardinata, El Tarra entre otros municipios del Catatumbo, custodian voluntariamente los puestos de control que improvisaron desde hace más de un mes en la zona rural para evitar  que la COVID-19 llegue a sus hogares.

Armados con un par de kilos de detergente, tapabocas artesanales y, en el mejor de los casos, unos cuantos litros de alcohol, los habitantes le declararon la guerra al coronavirus, aunque esto les implique pasar noches en vela o aguantar el inclemente sol en plena carretera.

Y es que con este cerco humano se buscan reforzar las medidas de protección en las comunidades más apartadas donde la institucionalidad poco llega pese a que las necesidades son numerosas y diversas.

Por ejemplo, en veredas como Socuavo bajo (Tibú) los pobladores llevan más de un mes en aislamiento, y las medidas son tan estrictas que las encomiendas que llegan al lugar deben ser inspeccionadas y desinfectadas en el primer puesto de control, donde los voluntarios se encargan de llevar el paquete hasta su lugar de destino. Adicionalmente, si alguien de la vereda necesita enviar un recado al exterior lo debe dejar en este mismo punto, explicó una de las habitantes.

Mientras tanto, en los puestos de control situados en otras veredas de Tibú, El Tarra y Sardinata los únicos que tienen vía libre, además de las ambulancias, son los camiones que abastecen de provisiones a las tiendas locales.

Para ir desde el casco urbano de Sardinata al corregimiento de Las Mercedes se deben cruzar tres controles. El primero en El Carmen, donde los camiones tienen que pasar por lo menos dos días después de ser desinfectados para poder ir al pueblo, y solo pueden ingresar cada 15 días.

“Antes había problemas porque mucha gente se estaba metiendo por las trochas, pero ahora la comunidad cercó todo el perímetro y nadie puede entrar o salir, salvo que tenga alguna urgencia y para ello debe tener un permiso firmado por los presidentes de junta”, explicó otra de las residentes.

Para los pobladores que requieran salir de las veredas se les entrega un permiso firmado; de lo contrario su salida no es permitida. Así mismo, a quienes se le concede este beneficio se les dan 24 horas para volver a su casa. Si pasado este tiempo no regresan, no se les permitirá el ingreso a la vereda.

“Estas medidas son estrictas pero necesarias, si nosotros mismos no nos cuidamos nadie lo va a hacer por nosotros. Acá el problema es que estos comités de control están funcionando con las uñas porque el Estado no nos ha apoyado”, dice Carmen García, lideresa social y defensora de derechos humanos.

García pudo constatar hace un par de días las precarias condiciones en las que funcionan los puntos de control comunitario.  Por ejemplo, cinco kilos de detergente donados por particulares y un par de tapabocas son los únicos implementos con los que cuentan quienes custodian las carreteras veredales.

Y es que aunque los vecinos han mostrado compromiso para custodiar estos lugares, la falta de implementos como guantes, desinfectantes y demás, es otro de los tantos retos que deben afrontar en la carretera.

Incluso, en algunos sectores los mismos vecinos prestan sus baños para que las personas que van a ingresar a sus territorios se bañen antes de entrar.

A la falta de apoyo estatal se le suma, según los habitantes, la ausencia de ayudas humanitarias para la zona rural, pues en municipios como Tibú, los mercados solo han llegado al casco urbano, y corregimientos como Pacelli, Campo Dos, La Gabarra siguen a la espera de los auxilios por la pandemia.

García indicó que esta semana se reunirán líderes tibuyanos con presidentes de juntas de acción comunal, Alcaldía y empresarios, para determinar las condiciones en las que se permitiría el regreso de algunas familias al casco urbano, provenientes de Cúcuta.

El regreso de estos pobladores estaría condicionado con hacer obligatoriamente un aislamiento de 14 días, bajo la estricta supervisión de las juntas de acción comunal, pues en estos sectores no están dispuestos a engrosar las listas de infectados por la COVID-19.

 Garantizar la desinfección de quienes ingresan al territorio es clave para los pobladores.

 En municipios como tibú, Sardinata y El Tarra, las comunidades imponen sus reglas de protección.

 

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