Los campesinos que el 16 de mayo deben salir de territorio que busca recuperar el pueblo barí en Saphadana (Convención), no quieren abandonar sus tierras obligados, razón por la que se teme un desenlace violento en este conflicto territorial.

“Muchos campesinos han dicho ya: si nos van a sacar a la fuerza nos vamos muertos y así uno puede hacer una interpretación de lo que podría ser la respuesta ante un desalojo forzado”, comentó César Jerez, vocero de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), organización que acompaña a los pobladores de esta zona y a los caseteros (colonos dueños de casetas comerciales en Saphadana) que hoy están en un refugio humanitario en Caño Tomás (Teorama).

Según Jerez, los barí ratificaron el plazo para que unas 2.500 personas sin título de propiedad desalojen el territorio que habitan, una franja de siete veredas que rodean Saphadana, localizadas sobre el margen izquierdo del Río de Oro, del lado colombiano

El principal temor es que un territorio tan amplio resultará “difícil de controlar”, y se busca que no se aplique un saneamiento forzado, como los que han ocurrido en Cauca y la Serranía del Perijá por conflictos entre campesinos y los pueblos nasa y yukpa.

“En el refugio humanitario se ha hecho un trabajo muy fuerte de pedagogía para que el diálogo prime ante la respuesta de los barí, pero otra cosa será si tratan de ir finca por finca a desalojar”, dijo Jerez. “Por eso, hemos pedido mayor intercambio entre instituciones y el pueblo barí”. 

Por su parte, María Carvajal, presidenta de la junta de Saphadana, comentó que en las 70 familias que están en el refugio son asesoradas por organizaciones defensoras de derechos humanos, para “no dejar que los campesinos se llenen de rabia y haya un conflicto más grave”.

Aunque reconoció que hasta el momento el único momento de tensión se vivió el 12 de febrero, cuando “ellos (los barí) tuvieron una actitud agresiva”, la situación se controló.

“La salida fue el 12 y nos dieron máximo hasta las 12 de la noche para sacar todo”, contó Carvajal. “Lo que quedó fue saqueado pero se desconoce quién desvalijó los servicios sanitarios, puertas, ventanas...”

Entre tanto, desde la Comisión colombiana de juristas e investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, se explicó que el problema que se presenta es resultado de los efectos del imcumplimiento de la sentencia T-052, que ha generado situaciones de riesgo en especial para comunidades campesinas en materia del mínimo vital, garantía del proyecto de vida campesino, niños desescolarizados y familias desestructuradas.