Exempleados de la Alcaldía de Puerto Santander aseguran que el actual mandatario, Henry Valero, los despidió irregularmente y exigen volver a sus labores.

El grupo de exfuncionarios asegura que fue nombrado en provisionalidad el tres de diciembre de 2015, días después de que el exalcalde José Eriberto Muñoz fuera notificado de la destitución e inhabilidad por diez años.

Sin embargo, según los extrabajadores Muñoz no recibió dicha notificación; de ahí que prosiguiera con la ejecución de actividades administrativas que incluyeron los nombramientos.

Mediante lo que catalogaron como presiones políticas y persecución laboral, al tratarse de funcionarios que acompañaron a Muñoz, el año anterior culminó con su salida de los respectivos cargos que ocupaban desde el 7 de septiembre de 2016.

En una queja interpuesta en la Procuraduría provincial, Ovidio Sierra, uno de los afectados, expresó que ese día se les informó que, vencidos los términos para interponer recursos contra los actos administrativos de las resoluciones de despido, debían abandonar los puestos.

“Nunca conocimos esos actos administrativos, ni fuimos notificados personalmente”, declaró Sierra, quien exigió la investigación disciplinaria contra el alcalde Valero, así como contra la secretaria general y hasta el personero municipal.

Según el quejoso, “no se nos dio la oportunidad de hacer entrega de los cargos, los elementos asignados, y tampoco hubo empalme”.

Agregó que “el alcalde solo se ocupa de dilatar y no se presentó a dos audiencias de conciliación porque nosotros teníamos fuero sindical, situación que fue ignorada por él”.

El alcalde responde

Ante las denunciasde los trabajadores, Valero aclaró que estos puestos eran de libre nombramiento y remoción, razón por la cual nunca se incurrió en ninguna ilegalidad.

“Ellos fueron nombrados por decreto cuando el exalcalde estaba inhabilitado”, dijo. “La tutela que ellos interpusieron ya falló en favor del municipio, tanto en primera como en segunda instancia”.

Agregó que el decreto de nombramiento no tuvo sustento jurídico, y aseveró que al grupo “se le avisó con anticipación, así que no fue un despido sin justa causa”.

Insistió en que el decreto fue derogado “con todos los sustentos legales”, y que siempre hubo claridad jurídica.

El sindicato se pronuncia

Raúl Gómez, presidente de Sindenorte, confirmó que los trabajdores están afiliados al sindicato, razón por la cual gozan de garantías que no pueden ser ignoradas.

“A raíz del cambio de mandatario hubo retaliaciones políticas, y se dan estos despidos con horrores jurídicos”, dijo. “Para revocar los nombramientos, el alcalde debió hacer la solicitud a un juez contencioso administrativo”.

Actualmente, el sindicato está acompañando el proceso jurídico con dos acciones legales, argumentando que el fuero sindical no fue levantado por el alcalde.

Así las cosas, los empleados deberían ser reintegrados.

También, se avecinarían sanciones administrativas y económicas, que son las que más preocupan al gremio sindicalista, debido a que “cada cuatro años se repite la historia, y los alcaldes desconocen que hay derechos y organizaciones, que tratan con personas y no con objetos, y confunden sus compromisos políticos”.