Este viernes, el nombre de la convulsionada región del Catatumbo estará presente ante la Justicia Especial para la Paz por cuenta del accionar paramilitar que sacudió a Norte de Santander, entre 1999 y 2004.  

En un documento de 170 páginas organizaciones sociales como la Asociación Minga, el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca), la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), el Movimiento Comunal del Catatumbo, la Asociación de Víctimas de la Comuna 7 de Cúcuta y la Fundación Progresar, entre otras, relatan la estela de sangre y víctimas que dejó este grupo que combatió a las guerrillas enquistadas para entonces en la región, con la venia del Ejército, atravesando por tierra desde el municipio de Tierralta  (Córdoba) hasta Tibú. 

En camiones los paramilitares pasaron por los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y la región del Catatumbo (integrada por Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú).

La idea es que por cadena de mando la JEP avance en la implicación de altos mandos militares que participaron de manera directa, por acción u omisión, en la escalada de violencia contra las guerrillas, dedicadas también al narcotráfico y toda clase de delitos en esta zona fronteriza con Venezuela. 

Dicho informe presenta algunas cifras, que podrían quedarse cortas, ante la realidad de las masacres, muertes de inocentes y selectivas, cometidas en el corregimiento de La Gabarra (Tibú), donde la mayor parte de los muertos eran lanzados al río Catatumbo, que desembocaba en el lago de Maracaibo.    

“12.427 homicidios, 375 desapariciones forzadas, 22 abusos sexuales, 38 torturas y miles de desplazamientos contra campesinos, acusados de ser integrantes o simples aliados de la insurgencia”, señala el informe que pide se dé curso a la acción penal contra los agentes del Estado, posiblemente comprometidos en la incursión paramilitar en el  Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta.

'Camilo',  comandante del Bloque Catatumbo de las Auc entre 1999 y 2004

Armando Alberto Pérez Betancourt, alias Camilo, fue comandante militar del Bloque Catatumbo entre 1999 y 2004, bajo las órdenes de Salvatore Mancuso (extraditado a Estados Unidos en 2008) y este a su vez de los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, fundadores de las autodefensas en el país.

Alias Camilo, quien no fue aceptado por la JEP,  era un capitán del Ejército con las especialidades de lancero, contraguerrilla y paracaidista. Cuando Castaño anunció que se tomaría el Catatumbo, Camilo, quien tenía amplia experiencia militar, fue escogido para liderar la toma a sangre y fuego.

En La Gabarra con inicialmente unos 200 hombres, Betancourt, a punta de masacres, homicidios y desapariciones, logró imponer su imperio de terror excusándose en erradicar a la guerrilla de esta zona.

De acuerdo con la Fiscalía, desde La Gabarra, Camilo ordenó, las masacres de Socuavo y Carboneras (Tibú – 29 de mayo de 1999); Tibú (17 de julio de 1999); La Gabarra (21 de agosto de 1999); Filo El Gringo (El Tarra – enero de 2000) y Tibú (6 de abril de 2000), entre otras.

Según la Asociación Minga, una de las organizaciones autoras del informe titulado “Fuerza pública y paramilitares: responsabilidades encubiertas”, existen nombres de militares y policías, en la cadena de mando, que no han sido investigados en la justicia ordinaria.

Dicho informe –publicado en parte por El Espectador- adjunta la declaración que hizo el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ante los jueces de Justicia y Paz: “el testimonio de Mancuso es de referencia solo en el aparte del relato que afirmó haberle escuchado a Carlos Castaño (uno de los fundadores de las AUC) la narración sobre la reunión sostenida con altos representantes del Estado colombiano para organizar y coordinar la expansión paramilitar en el norte del país.

Pero, no lo es en los señalamientos que formula contra el general (r) Iván Ramírez Quintero, con quien aseveró se reunió personalmente para coordinar la expansión de las “autodefensas”, circunstancia que por sí sola amerita que la JEP ordene escuchar en versión al mencionado exoficial”, menciona el documento.