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‘En el Catatumbo se sembró coca con recursos del Gobierno’

Miércoles, 8 de Marzo de 2017
La Opinión habló con varios especialistas en la materia, quienes ofrecieron un panorama bastante preocupante.

Luego de que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicara la semana pasada su informe mundial anual y señalara que solo en 2015 el número de hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia creció de 69.000 a 96.000, quedó en evidencia que nuestro país registró el mayor incremento en el mundo.

Y ahora, cuando se espera que el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, arroje un crecimiento hasta las 180.000 hectáreas con coca en el 2016, siguiendo los cálculos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, las alarmas se encendieron, siendo esta semana el tema central de las reuniones del alto gobierno colombiano con el Secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para Asuntos Antinarcóticos, William Brownfield, conocedor de la problemática en su calidad de exembajador en Bogotá.

El Catatumbo, una de las zonas donde los cultivos han crecido más de 200% en los últimos años, se erige como una de las regiones en las que el gobierno centrará aún más su atención, máxime cuando tras la salida de la guerrilla de las Farc del negocio, otros actores armados buscan consolidarse como los amos y señores de una renta que, contrario a otras épocas, empieza a atravesar una crisis económica. 

Para entender el fenómeno que se vive en esta región y en otras más del país en materia de cultivos de uso ilícito, La Opinión habló con varios especialistas en la materia, así como con fuentes del gobierno, quienes ofrecieron un panorama bastante preocupante.

Daniel Rico, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señaló, frente al aumento de los cultivos de coca en el Catatumbo, que esto ha obedecido, entre otras razones, al bajo costo que tiene la producción de coca en esta zona del país por la gasolina que entra de contrabando de Venezuela y la facilidad con que se consiguen los insumos para esta labor.

“También, porque el Catatumbo fue la primera zona donde se frenó la aspersión y erradicación de cultivos, a partir del paro vivido en esta región en el 2013. Esto se ha sumado a las dinámicas de reordenamiento de las estructuras ilegales que allí operan, que no es una sola sino una pluralidad de grupos (ELN, EPL, bandas criminales) que intervienen y obtienen dividendos del control de la coca”, enfatizó.

Por la misma línea opinó Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación: “El Catatumbo es una zona de frontera donde es muy fácil procesar el clorhidrato de cocaína. Allí hay que llegar a unos acuerdos con las comunidades sobre corresponsabilidad. Es decir, que el Estado se comprometa, pero que las comunidades también hagan un esfuerzo inmenso por impedir la permeabilidad de la legalidad”.

Sin embargo, llegar a las comunidades del Catatumbo no parece una tarea fácil para el Gobierno, pues allí, algunas organizaciones se han alzado como voceras, utilizando un discurso que cada vez se radicaliza más e impide la interlocución directa del Estado con la población. 

“El problema de interlocución del gobierno nacional con las comunidades cocaleras del Catatumbo se ha acrecentado por la aparición de organizaciones intermedias como Ascamcat (Asociación Campesina del Catatumbo), que lo que realmente tienen es una agenda política, que no es la agenda de desarrollo de los campesinos”, señaló Rico. 

El investigador agregó que tras el paro de 2013, Ascamcat supo aprovechar el protagonismo político que este le dio a nivel nacional. “Y ese oportunismo político lo que logró fue darle recursos, primando la lógica política y no los intereses de la comunidades y otros elementos que hubiesen podido generar sostenibilidad en los procesos de sustitución de cultivos”, comentó.

En su opinión, los recursos dados por el Gobierno a las familias del Catatumbo sirvieron para capitalizar más cultivos de coca, llegando incluso a zonas nuevas, y para una radicalización de las representaciones de los cocaleros y de las familias con coca. “Es irónico que a pesar de haber recibido tantos recursos, la respuesta haya sido que se necesitan muchos más para hacer algo que no lograron en la primera instancia”, sostuvo.

Ávila, por su parte, agregó que si bien el Gobierno ha querido llegar con proyectos productivos al Catatumbo, si no hay quién compre los nuevos productos, se bota la plata y después de un año la gente vuelve a cultivar coca.

“Lo primero que debe hacerse es asegurar las cadenas de comercialización. Lo segundo es acordar, no imponer, con la comunidad cuáles son los proyectos productivos que quiere y con estudios técnicos decirle si eso aplica o no. Lo tercero, hay que crear la infraestructura básica para que todo funcione, especialmente en vías terciarias”, subrayó. 

El general José Ángel Mendoza, director de la Policía Antinarcóticos, también habló de la dificultad mayor que existe para que funcione el proceso de sustitución voluntaria en el Catatumbo. Por eso, advirtió que podría llegarse a una salida por la fuerza.

“Esta zona veredal de Caño Indio no estaba definida, precisamente por lo que consideraban allí las comunidades cultivadoras; el Gobierno se reunió, incluso con integrantes de las Farc, y acordó con ellas la sustitución. Si eso no llegara a funcionar, aplicaría la erradicación forzosa”, enfatizó. 

Por la misma línea opinó el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, quien cree que en las zonas en que han sido más fuertes las protestas de las comunidades, como el Catatumbo, lo que ocurre no es una verdadera oposición de los campesinos, sino la intervención de grupos del narcotráfico con poder sobre extensiones grandes. 

“La sustitución voluntaria es para campesinos, para personas que tengan menos de una hectárea. En muchos casos las protestas son porque los programas de erradicación afectan zonas de producción a gran escala”, dijo.

Frente a esta realidad, Rico agregó: “Me sorprende el bajo control que tienen las autoridades sobre el tráfico de insumos en la región, el bajo nivel de investigación en temas de lavado de activos, porque uno va a esas regiones y sabe perfectamente quiénes son esas familias que tienen 10, 20 y 30 hectáreas de coca, que pueden generar 40, 50 empleos y raspar 10 hectárea de coca cada cosecha. Allí todo el mundo sabe quiénes son pero nadie los toca. Y eso es porque todos creen que esto es un problema de campesinos pobres que están cultivando coca. Eso es cierto en una parte, pero hay una masa de personas que está cultivando a gran escala y con ella la sustitución no es por las buenas”.

En algo que pareciera coincidir todos, es en que las estrategias pueden tener características distintitas a mediano plazo, es decir, a uno o dos años, pero si la coca sigue creciendo y los objetivos del gobierno no son tan sólidos en la reducción de hectáreas, se deben replantear conforme a las características de cada zona. Ante el fracaso de la erradicación manual, ante el fracaso de los programas de desarrollo alternativo lo que queda en evidencia es que no puede existir un único modelo en todo el país porque las condiciones del Catatumbo no son las mismas que las del Putumayo, Guaviare o Nariño.

“En ese sentido, hace falta una agenda que sea coherente, que tenga los elementos de seguridad y los elementos de desarrollo enfocados en los liderazgos locales. También, que la gobernación de Norte de Santander sea más dinámica en promover desarrollo, promover las secretarías de agricultura en cada uno de los municipios, pues todo esto también es con ella y uno lo que ve es que en todo esto pasa como si la cosa no les importara”, puntualizó el investigador de la FIP.

El ministro Pardo cree que si los acuerdos alcanzados con la guerrilla de las Farc se logran en poco tiempo y se cumple lo que se defina en cada caso, se podría estar ante una solución para los cultivos ilícitos con mejores resultados que en el pasado. 

“Lo que pasa ahora es diferente. Los programas de sustitución tenían tres dificultades: una, que no llegaban a las zonas corazón de la coca, y ahora sí se llega; dos, que no tenían una agrupación regional, sino se hacía para productores independientes, y tres, que en el pasado las Farc estaban oponiéndose, ahora están en el programa”, dijo Pardo, con optimismo.

Finalmente, Rico sostuvo que este es un buen momento para que el Gobierno empiece a actuar, pues estamos atravesando una época en la que la pasta base de coca está por debajo de los dos millones de pesos el kilo y eso tiene a la gente muy desesperada,  vendiendo a pérdidas y solo para poder recoger algo. 

“De no replantearse la estrategia, se corre el riesgo de repetir los errores del pasado y el mejor ejemplo de lo que nunca se debe hacer en un programa de sustitución de cultivos, es lo que se hizo en el Catatumbo a partir del 2013”, concluyó.

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