Del proceso de recolección de firmas de la autoridades encargadas de coordinar y avalar la internación de vehículos venezolanos depende la confirmación del decreto que reglamentará las condiciones en las que permanecerán los carros de plazas del vecino país, que circulan por la región.

Así lo dio a conocer Martín Martínez, seretario de Hacienda del departamento, quien destacó la respuesta otorgada por el ministerio de Transporte, un mes después de que la secretaría de Hacienda instaurara una acción de tutela exigiendo respuestas sobre el particular.

Con la contestación de la cartera, quedarían estancados la tutela y un desacato, mientras se cumple la recolección de firmas del ministerio de industria y comercio, la Cancillería, y el ministerio de Transporte, para luego enviar el decreto a Presidencia.

“Se espera que en un término de dos semanas se tenga el documento final”, dijo el funcionario, quien enfatizó en la necesidad de acelerar este proceso, en vista de que la redacción del decreto tardó todo un año.

Según Martínez, se ratificará que el impuesto será departamental y, en ese caso, se verificará el compromiso de la Gobernación de incrementar el porcentaje que les correspondería a los municipios.

En principio, el gobernador William Villamizar manfestó la disposición de llegar a un 50-50 para el ente territorial y los municipios, pero deberá analizarse la ley que, hasta el momento, define un 80 por ciento para el departamento y 20 por ciento para los municipios donde el vehículo circule.

“El gobernador se comprometió a ceder un porcentaje mayor para giro directo, o para que se ejecuten los recursos a través de un convenio”, comentó el funcionario.

Buena noticia

Según la secretaría, la materialización del decreto les dará garantías de legalidad a los conductores que, en este momento, circulan sin cumplir las normas regionales y nacionales.

Preliminarmente se conoció que el decreto tendría una vigencia de cinco años, con dos más prorrogables, y se espera que en el transcurso de ese tiempo las condiciones de la frontera hayan tenido algún cambio más favorable.

Así mismo, la legalización de estos vehículos generaría mayores recursos para el departamento, excepto en esta vigencia porque si se realizaran las inscripciones de los autos en agosto, por ejemplo, solo pagarían lo que resta del año.

Sin embargo, en una vigencia normal se pueden recaudar entre 5 a 6 mil millones de pesos, que se destinarían a los gastos necesarios para consolidar diversos proyectos.

Algunos datos

En respuesta a la acción de tutela de la secretaría, se indicó que el pago de impuestos de los carros venezolanos correspondería al 50 por ciento de lo que, hoy en día, se paga en Colombia.

La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian podrán aprehender los vehículos que evadan la internación, dado que estarían circulando ilegalmente por el departamento.

El software que se está diseñando para el control del combustible legal y el hallazgo de contrabando, también será aplicado a los carros venezolanos para verificar que usen únicamente gasolina nacional.

El censo de los vehículos venezolanos será efectuado por cada municipio, y los propietarios de los carros deben presentar el certificado de residencia en el municipio.

La secretaría de Hacienda estima que en la región hay 25 mol vehículos venezolanos, aunque inexplicablemente el parque automotor creció después del cierre de frontera.