La inversión de recursos en áreas estratégicas, la preservación ambiental, y el reconocimiento de los riesgos para el medio ambiente, fueron algunos de los temas abordados por la Contraloría General del departamento en su informe anual sobre el estado de los recursos naturales en Norte de Santander.

Tras analizar la información entregada por 39 alcaldías sujeto de control, para la vigencia 2017, la entidad advierte sobre debilidades en control de ruido, inversión ambiental y consolidación de planes de gestión del riesgo, con miras a reducir la ocurrencia de tragedias por desatención al entorno.

Áreas estratégicas

Según el análisis de la Contraloría, la compra y mantenimiento de áreas estratégicas en el departamento ascendió a $2.637 millones, de los cuales fueron ejecutados $363 millones, es decir, 14% de los recursos.

Para el ente de control el porcentaje es “muy bajo”, y pone en riesgo la preservación y protección del agua, así como el abastecimiento de acueductos veredales y cascos urbanos.

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 15 de noviembre de ese año, solo el 10% de los municipios (Chinácota, El Zulia, Toledo y Ocaña) adquirió áreas estratégicas para la protección de las fuentes hídricas. 

Si bien la ley no obliga a las alcaldías a comprar áreas estratégicas anualmente, sí se establece que los departamentos y municipios deben dedicar un porcentaje no inferior al 1% del total de sus ingresos corrientes para su adquisición y mantenimiento.

Además, se encontró que Bochalema y Mutiscua “presuntamente incumplieron la normatividad vigente, puesto que destinaron un monto inferior a 1% de lo establecido legalmente”.

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Prevención y atención de desastres

Los 39 municipios evaluados presupuestaron $4.932 millones para ello, de los cuales ejecutaron $3.228 millones, que corresponden al 65.4% de los recursos.
Pese a ello, la Contraloría encontró que la mayoría destinó los recursos a la atención de desastres y no a prevención, para neutralizar amenazas y nuevos escenarios de riesgo.

El 60% de los municipios evaluados presentó como principal afectación los fenómenos de deslizamiento y remoción en masa.

El 30%, amenazas de inundaciones y el 10% vendavales o incendios.

Las alcaldías de El Zulia, Mutiscua, Puerto Santander, Silos, Toledo y El Carmen declararon calamidades públicas y urgencias manifiestas por lluvias intensas, inundaciones y vertimientos de petróleo en fuentes hídricas, situaciones que ocasionaron daños a infraestructura, medios de subsistencia y afectación en la prestación de servicios públicos.

Sobre los Planes municipales de gestión del riesgo, se advierte que el 90% de los municipios tiene este instrumento de planificación, a excepción de Bochalema.

Se estableció además que los planes de Cucutilla, El Carmen, Lourdes, Mutiscua, Ocaña y Toledo fueron actualizados en 2016 y 2017, pero el 85% de las administraciones no ha realizado una actualización según los nuevos escenarios de riesgo territorial.

Al respecto, la Contraloría indica que la gestión del riesgo involucra a todos los ciudadanos, “que deben ser empoderados para tomar decisiones que reduzcan los riesgos”, así como a líderes políticos, sector privado, asociaciones, científicos, entre otros.

Control ambiental y de ruido

El estudio comprobó que las entidades de tránsito de Pamplona, Ocaña, Villa del Rosario, Los Patios, no emitieron procesos sancionatorios a vehículos a gasolina y diesel que emiten humos azules o negros.

De hacerlo, se habría minimizado la contaminación atmosférica generada por los llamados ‘vehículos chimenea’ que circulan en Pamplona, Los Patios, Ocaña y El Zulia, y que causan problemas respiratorios en estas zonas urbanas.

Así mismo, se encontró que las entidades de tránsito mencionadas impusieron 833 comparendos por falta de revisión técnico mecánica y de gases. Solo el 41% de las administraciones ejecutó un plan de sensibilización con campañas educativas e informativas sobre los efectos nocivos del ruido.

El 59% restante no emprendió procesos de capacitación por medio de sus comités municipales de educación ambiental. 

En relación con operaciones para control del ruido (por megáfonos, bocinas), solo el 15% de los municipios cumplió con lo exigido, mientras que el 85% restante no lo hizo, situación calificada como preocupante.

De otro lado, solo el 28% de los municipios efectuó campañas de educación ambiental relacionadas con calidad de aire; y el 56% de las administraciones no realizó ninguna actividad de prevención y control de este aspecto.

Minería

Según la información allegada a la Contraloría por parte de la Agencia Nacional de Minería, se encontraron 469 títulos mineros vigentes otorgados por dicha entidad.

El Zulia encabeza la lista en explotación minera con 96 títulos vigentes, en los que predomina la explotación del carbón y arcilla; no obstante, en Sardinata se explota la mayor parte del carbón del departamento.

En materia de hallazgos de puntos de minería ilegal, Corponor reportó que en 2017 se detectaron puntos en El Zulia, de arena silicia, arcilla y carbón, seguido por Durania y San Cayetano, en minería de carbón.

Sin embargo, los datos contrastan con la información citada por las alcaldías de Labateca, Pamplona y Tibú.

Para el caso de Labateca, se informó de minería ilegal de material de arrastre en el sector de la ribera del río Chitagá.

En Pamplona se detectó explotación de arena (en menor escala) en el río Pamplonita, en el barrio El Zulia y la vereda Fontibón, mientras que en Tibú, en veredas Miramontes y Campo Seis se identificó extracción informal de carbón.