Líderes sociales: la vida por la comunidad

Martes, 10 de Diciembre de 2019
Norte de Santander aparece como uno de los departamentos donde más asesinan a estas personas.

En Colombia, cada dos días asesinan a un líder o una lideresa social. Y Norte de Santander, lastimosamente, es uno de los departamentos del país donde más muertes se han registrado y donde los valientes que se atreven a tomar las vocerías de sus comunidades más riesgos corren.

Sin embargo, uno de los problemas más grandes a la hora de escribir sobre la violencia que azota a los líderes sociales en el país, es que no existen cifras consolidadas sobre el número de homicidios que ha sufrido esta población.

El Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), aseguró en su informe ‘Violaciones a los Derechos Humanos en tiempos de Paz’, que desde el 2016 y hasta septiembre de este año, han sido asesinados 777 líderes y lideresas sociales: 132 casos en 2016, 208 en 2017, 282 en 2018 y 155 en 2019 (con corte al 8 de septiembre). 

No obstante, esta cifra cambia para la Defensoría del Pueblo, que asegura que el número de víctimas para el mismo periodo corresponde a 482 (desde el 26 de septiembre de 2016 cuando se firmó la paz con las Farc, hasta junio de 2019); y para la Fiscalía General de la Nación, que contabiliza 302 homicidios, basada en los reportes de Naciones Unidas.

Datasketch, plataforma digital de periodismo de investigación y de datos, que se ha encargado de recopilar toda la información existente en el país sobre homicidios de líderes y lideresas sociales, tiene en sus registros, hasta el día de hoy, 578 casos documentados, 37 de ellos ocurridos en Norte de Santander. (El listado completo, que permite hacer búsquedas cruzadas, se puede consultar aquí http://lideres-sociales.datasketch.co/).

Esas cifras que no cuadran entre la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Onu, institutos de investigación social y portales de periodismo, conllevan a que muchos de los casos queden en el olvido o floten en el mar de impunidad que cobija a estos crímenes.

Y ese, precisamente, es el otro gran problema que encierra a esta comunidad, la impunidad en los casos de violencia de la que son víctima, pues aunque en algunos hechos se logra establecer qué grupo estuvo detrás de un crimen, el autor material rara vez es identificado y condenado. 

Según Indepaz, en el 89% de los homicidios el autor es desconocido y permanece indeterminada la responsabilidad material o intelectual de los asesinatos que, en el caso de Norte de Santander, involucra a grupos neoparamilitares (Autodefensas Gaitanistas, Los Rastrojos y Águilas Negras), la guerrilla del Eln, el grupo armado organizado Los Pelusos (conocido en el departamento como un reducto del Epl) y, particularmente este año, por disidencias del frente 33 de las Farc.

En Cúcuta y el área metropolitana, las disidencias que se han creado en algunas zonas, tras el fraccionamiento de Los Gaitanistas y Los Rastrojos, así como la presencia de bandas integradas en su mayoría por venezolanos o con control a ambos lados de la frontera, agrava la situación de los líderes sociales que trabajan en los sectores que están bajo la injerencia de estos grupos, y dificulta las labores de investigación de las autoridades. 

El tercer gran problema que afecta a esta población, es la indiferencia con la que el gobierno pareciera tratar la grave problemática de violencia que la aqueja, siendo incapaz de proponer y liderar procesos serios que mitiguen las afectaciones de la que es víctima y le permita poder realizar su trabajo bajo garantías reales de seguridad. 

Esa misma indiferencia ha permitido que espacios en los que el trabajo de los líderes se podía desarrollar por la desaparición del actor armado ilegal que los dominaba, hoy sean ocupados nuevamente por otros actores de violencia que amenazan, asesinan y desplazan a esta población que lucha por el bienestar de su comunidad.

Un riesgo que vale la pena

Con este panorama, en principio tan desalentador, sorprende la energía, la alegría y el empeño con el que cientos de líderes trabajan cada día por el bienestar de sus comunidades.

“Ser líder implica un riesgo, pero es un riesgo que vale la pena correr porque se está trabajando por el bien de la comunidad”, señala un líder social de Campo Dos, en Tibú, municipio que este año ya ronda los 90 homicidios.

En su trabajo, ha debido convencer a sus vecinos de dejar la coca por otros cultivos, empeñando su palabra, que se ha visto afectada por los incumplimientos del Gobierno. “Los retos del Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis) han sido muy grandes, porque convencer a la comunidad de dejar la coca, con las demoras del Gobierno para la implementación de los proyectos productivos, no ha sido fácil”, menciona.

Sin embargo, aclara que en Campo Dos la gente está comprometida con la paz y por eso, sigue apostándole a este trabajo, pues “un líder, sin el apoyo de la comunidad, no es nada”. 

En Ocaña, una pareja de mujeres, líderes de la comunidad Lgbti, lucha por el reconocimiento de sus derechos desde el 2015. Y en 4 años, han logrado lo que parecía impensable hace un tiempo: celebrar el Día del Orgullo Gay en su municipio, y que desde el 2017 una persona de su comunidad haga parte de la Mesa Municipal de Víctimas. Las dos, con su empeño, lograron reivindicar una lucha que nadie se atrevía a dar, a pesar de la estigmatización y el rechazo.

“Un líder social es una persona íntegra, humilde. A los líderes los matan por hablar, por cuestionar, pero también por callar, entonces hay que seguir luchando para que la semilla de nuestras ideas crezca”, afirma un líder del Catatumbo, un territorio en el que convergen múltiples actores que dificultan su trabajo y ponen en riesgo su vida y la de sus familiares. 

Por la misma línea, opina un líder social de Cúcuta, para quien los líderes “deben mantenerse firmes en sus ideales y demostrar que son lo que dicen con lo que hacen, pues de ese ejemplo se derivará su integridad, y la integridad es la que lo hará alcanzar el éxito en sus luchas”. 

Estas luchas, para otros líderes, se convierten casi en una misión de vida, llegando a ver su trabajo casi como un mandato divino. “El ser comunal, ser líder social, es como un apostolado en la tierra”, dice una lideresa que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos en una comuna de la ciudad.

Todos, convencidos de los riesgos que implica promover, proteger y defender los Derechos Humanos, articulando las ideas y proyectos que como comunidad compartimos, no escatiman esfuerzos, tiempo ni energía en lograr la consecución de ese fin que creen da sentido a su existencia: lograr una sociedad más justa.

Por eso, cada vez que un líder o una lideresa social son asesinados, la comunidad que representan pierde su rumbo y la esperanza de forjar un futuro distinto se desvanece. Hoy, más que nunca, se muestra imperiosa la necesidad de unir nuestras voces contra la violencia, el miedo y la indiferencia que azotan a nuestros líderes y lideresas sociales que trabajan por los territorios y defienden nuestros derechos aún en circunstancias difíciles para construir una mejor sociedad.

Hoy, sin duda, todos podemos aportar en la protección de nuestros líderes y lideresas sociales, evitando señalarlos y denunciando la estigmatización de la que son víctimas en los territorios donde trabajan por nuestro futuro.

La ruta que salva vidas

La ruta departamental de prevención y protección para defensores y defensoras de derechos humanos, tiene tres objetivos:

1. Promover la corresponsabilidad entre todas las instituciones.

2. Coordinar la respuesta por parte de todas las instituciones para que sea efectiva y oportuna.

3. Informar a todos los líderes y lideresas sociales y comunidades sobre las opciones y deberes que tiene el Estado cuando se corre algún tipo de riesgo bajo el rol de o lideresa líder social.

Si un defensor o defensora es víctima de un atentado, debe reportar a la autoridad, institución u organización social más cercana al lugar del hecho, que a su vez informará lo sucedido a través del correo casos.ddhh@nortedesantander.gov.co. Una vez hecho esto, se activará la ruta en la que participan todas las entidades con asiento en la Mesa Territorial de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, según le corresponda. 

Si es víctima de amenazas, debe denunciar ante la Fiscalía de forma presencial, o comunicándose a través de la línea 122 o el correo recepción.amenazas@fiscalia.gov.co. Además, notificar de las mismas por medio del correo casos.ddhh@nortedesantander.gov.co, para que se inicie la ruta de atención con las entidades pertinentes. 

Mesa Territorial de Garantías

Ayer se llevó a cabo la VI sesión plenaria de la Mesa Territorial de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, un espacio de interlocución, diálogo y encuentro entre las organizaciones sociales del departamento y las instituciones regionales y de orden nacional, en la que se busca tomar acciones para la garantía de derechos. 

En la Mesa se busca que los líderes y lideresas puedan ejercer su labor de forma segura, por eso en ella se sientan el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación, las Alcaldías, las personerías, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, delegados del Ministerio del Interior y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, para analizar las tres líneas temáticas  que le competen: prevención, protección e investigación. 

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Jhon Jairo Jácome Ramírez