Al asumir las riendas de Colombia, el presidente Iván Duque encuentra un Catatumbo golpeado por la guerra entre los grupos armados que hacen presencia en la región. Para el 15 de agosto, cuando el jefe de Estado cumpla ocho días en la Casa de Nariño, se marcará una dramática cuenta: cinco meses de confrontación entre el Eln y el Epl, y otros desafíos vinculados con un histórico abandono estatal.

Seguridad

Uno de los desafíos locales es la seguridad, entendida no solo como el aumento de pie de fuerza, sino como la generación de condiciones de confianza en las instituciones, y garantías de retorno a los lugares de origen de quienes han sido desplazados por la guerra.

Insistentemente, organizaciones sociales, líderes de distintos sectores religiosos, alcaldes, campesinos, entre otros, han reiterado que la salida a los conflictos no se da con más uniformados, sino con la transformación estructural del territorio, la continuación de los diálogos con la guerrilla del ELN, y la incorporación del EPL en un proceso similar.

Así mismo, la población urge que el Gobierno Nacional y la justicia aparezcan en el territorio, dando con los responsables de los homicidios, particularmente de la masacre ocurrida el 30 de julio en un billar de El Tarra, que dejó diez personas asesinadas, sin que aún haya respuestas sobre las investigaciones.

Otro aspecto pendiente es el desminado, dado que con el enfrentamiento entre guerrillas aumentaron los incidentes, así como el riesgo de los habitantes de zonas rurales.

Paz y liderazgos

La implementación del acuerdo de paz con las Farc aún no se consolida en la región, situación que ha deteriorado la confianza de quienes consideraban que la firma de la paz llevaría consigo condiciones dignas para la región.

“Si no se avanza en el cierre de brechas sociales, en acabar con la inequidad social a la que durante tantos años nos han tenido sometidos, será imposible pensar en una paz territorial, pero el Estado no nos ha brindado herramientas, a pesar de que tenemos la voluntad”, consideró hace meses el alcalde de Convención, Hermes Alfonso García, para quien las deficiencias en la implementación, pero también en los sectores de transformación: salud, educación, servicios básicos, conducen a la violencia.

En materia de liderazgos, la situación también es preocupante, pues según la ONU el riesgo de seguridad para los líderes va en aumento y afecta las dinámicas organizativas comunitarias.

En este sentido, el ente internacional insta a revisar los planes de prevención y protección, y capacitar sobre rutas de atención ante agresiones contra los líderes comunitarios.

Coca

Esta región es señalada como la tercera con mayor área de cultivos de coca; en su orden: Tibú con 12.787 hectáreas, Sardinata, 3.847 hectáreas y El Tarra, 3.683, según el Sistema Integral de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.

La expansión de los cultivos, y la inoportuna atención estatal para evitarla hacen parte de una serie de errores que se han cometido por parte de la institucionalidad, pero también de organizaciones que favorecieron la siembra de cultivos que conducen al aumento de violencia.

Recientemente, el gobernador William Villamizar dijo aceptar la culpa, “en el sentido de que no hemos podido darle una respuesta completa en sustitución (de cultivos ilegales) y proyectos productivos a esta zona, porque no hemos tenido los recursos, pero también parte de la culpa está en una economía fácil, ilegal que la gente va asumiendo pero que lleva consecuencias desastrosas”.

Sin embargo, los cultivadores han sido enfáticos en que la salida concertada y la sustitución deben prevalecer por encima de la erradicación forzosa, o de la fumigación, y que hay plena voluntad de poner fin a la coca.

Vías y desarrollo

Según la secretaría departamental de Infraestructura, la deuda en materia de pavimentación de la red secundaria en 2017 era del 65 por ciento, de un total de 1.383 kilómetros, mientras que de la red terciaria, de 6.494 kilómetros, hay un 73 por ciento sin pavimentar.

Lo anterior perjudica a los campesinos, sin posibilidad de sacar sus productos en condiciones que garanticen la durabilidad de los mismos, lo cual solo propicia la permanencia de los agricultores en el cultivo de coca. La vía estratégica, por la que se clama hace años, es la que cubre la ruta Astilleros-Tibú-Convención-La Mata.

El respaldo a los proyectos para un área compuesta por 144.353 hectáreas con vocación productiva también es fundamental para las comunidades, en especial cuando el Igac ya estableció que de estas hectáreas, 109 mil (76 por ciento) cuentan con capacidad para la producción sostenible.