La Procuraduría General de la Nación convocó la primera Mesa Nacional de Mercurio, en atención a las reiteradas denuncias relacionadas con el incremento de las actividades de minería ilegal en diferentes regiones del país, que estarían generando impactos socio ambientales, contaminación de fuentes hídricas, el incremento de la deforestación y afectaciones a ecosistemas estratégicos por este metal, especialmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Caldas y Boyacá. 

Ante este panorama y con el propósito de atender esta grave crisis socio ambiental que se ha intensificado, registrando cifras preocupantes en los últimos meses, el ente de control convocó a más de 50 entidades estatales, entre entes de control, corporaciones, autoridades ambientales, organizaciones, universidades, para consolidar una estrategia nacional de articulación interinstitucional, que facilite el monitoreo y control al uso del mercurio y sus impactos socio ambientales.

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La Procuraduría precisó que la solución para frenar de manera eficaz esta actividad ilícita de alto impacto, requiere de la coordinación entre las diferentes autoridades y el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales. 
La reunión, liderada por el Ministerio Público, se realizará el próximo 26 de enero en Bogotá, con el objetivo de garantizar la protección del ambiente y los derechos colectivos de las comunidades, mediante la reducción y eliminación del uso de mercurio, evitando así la irreversible afectación de los ecosistemas y salud de los habitantes de los territorios que se benefician de sus servicios ecosistémicos, así como frenar la deforestación generada por esta actividad ilegal.

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La procuraduría advirtió los impactos socio ambientales y la irreversible afectación en salud de los habitantes por el uso de este metal

Las más de 4.000 hectáreas, ubicadas en el área de influencia del Páramo de Santurbán (en los departamentos de Santander y Norte de Santander), que estaban asignadas al contrato de concesión minera otorgado a la empresa canadiense Eco Oro, son en la actualidad “terreno de nadie”, o mejor, de grupos de mineros ilegales dedicados a extraer oro de forma ilícita utilizando una red de socavones, algunos muy artesanales, con más 500 mil metros de perforaciones y más de cuatro kilómetros de desarrollos subterráneos. Todos usan mercurio para obtener oro.

En Norte de Santander se ha detectado minería ilegal en la región del Catatumbo, lo cual preocupa a las comunidades ante el riesgo que existe de contaminación de los cuerpos de agua de donde se extrae el agua que se consume en los hogares y que puede llegar a tener contacto con los residuos de mercurio que se emplea en las labores de minería.

Se espera que a la mesa convocada por el Ministerio Público esté presente la Corporación Autónoma Regional para la Frontera Nororiental (Corponor).

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