Tres mil familias de Norte de Santander, Antioquia, Meta, Guaviare y Putumayo, dedicadas al cultivo de hoja de coca, se inscribirán para remplazar sus sembradíos por otros que generen desarrollo a las regiones y las familias, en el marco de la legalidad.
Con este procedimiento liderado por la Alta Consejería para el Posconflicto, el Gobierno inicia un trabajo en terreno con las poblaciones dedicadas a esta actividad ilegal.
Por su parte, Corpoica adelantará una asesoría técnica de alto nivel para los municipios de Briceño en Antioquia, Tibú en Norte de Santander, La Uribe en Meta, San José de Guaviare en Guaviare y Puerto Asís en Putumayo.
Adicionalmente, un grupo de apoyo de la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección para la Sustitución de Cultivos ilícitos, brindará asistencia a las familias.
Además, la Organización de las Naciones Unidas para el Delito y el Crimen (ONUDC) apoyará los acuerdos con 60 técnicos extensionistas, mientras que las Farc, que componen el PNIS, dispondrán de 14 delegados en las regiones para facilitar en el proceso de reincorporación.
Las dos primeras etapas del programa fueron:
1. Presentación del Programa Nacional de Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), conjuntamente con las Farc.
2. Firma de acuerdos de sustitución voluntaria con organizaciones que representan a más de 80.000 familias campesinas.
Las familias que formalicen su compromiso con la sustitución voluntaria, con la no resiembra y que no cultiven ni estén involucradas en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito, ni participen en la comercialización ilegal de las materias primas derivadas de los mismos, se beneficiarán de la siguiente manera:
Durante el primer año: Un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito.
Un millón 800.000 pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
Nueve millones de pesos por una sola vez para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura y avicultura, entre otros.
A partir del segundo año: Para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. También se creará una línea de crédito especial.
Adicionalmente, se contará con asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de $3’200.000 por familia. Se estima que más de 660 técnicos y profesionales agropecuarios se movilizarán para acompañar a las comunidades.
La inversión en sustitución voluntaria produce resultados sostenibles, genera oportunidades territoriales e incide en la calidad de vida. Sin renunciar a la erradicación forzosa, el Gobierno Nacional aspira a que esta alternativa, por su costo-eficiencia, sea el instrumento predominante de reducción de cultivos de uso ilícito.
De esta manera, el PNIS, en cabeza del Gobierno Nacional, con el firme compromiso de las Farc y con la participación directa y activa de las comunidades de los territorios afectados por cultivos de uso ilícito, dan el primer paso para la transformación estructural del campo, condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera.
