A tres secretarios de despacho de la administración de Donamaris Ramírez, que tuvieron bajo su responsabilidad la contratación del Plan de Alimentación Escolar (Pae), para 50.021 estudiantes de colegios públicos, en el año 2014, la Procuraduría les formuló pliego de cargos por las presuntas irregularidades en las que incurrieron en desarrollo del mencionado contrato.

Se trata de Jimmy Galán (secretario General), William Luengas (secretario de Bienestar Social), y Clara Paola Aguilar Barreto (Asesora Jurídica del municipio), quienes según el órgano de control omitieron parámetros técnicos exigidos en los lineamientos generales del ministerio de Educación, además de que se violaron los principios de transparencia y planeación.

Fruto de esto, se encontró que se destinó alimentación a estudiantes de colegios privados, entre otros, San Pedro Claver, Fundación Esperanza de Ser, Camilo Daza, Comedor Crispín Durán, Ciaf Madre Betania, Claudia María Parada, Comedor Antonia Santos, Institución Educativa Bicentenario, Jardín Infantil Grandes Pensadores (Ceiba).

En el ítem que describe las instituciones educativas beneficiarias no se especifica cuántos desayunos y cuántos almuerzos se les repartía a cada una. Pero algo que llamó poderosamente la atención de los investigadores es que al sumar las raciones entregadas solo suman 54.000 y no las 58.021 que figuran en los prepliegos, lo que quiere decir que hay una diferencia de 4.021 cupos alimentarios que incrementan el valor del contrato y de los cuales no se conoce a qué colegios estaban destinados, menciona la Procuraduría en la formulación del pliego  de cargos.

El contrato fue suscrito en 2014 con el consorcio Liber Norlácteos por valor de $11.539 millones. 

El concejal Oliverio Castallanos, quien en noviembre de 2013 presentó la queja a la Procuraduría, volvió a reiterar ayer que en ese contrato se violaron flagrantemente los principios de planeación y transparencia, por cuanto no se hicieron estudios serios que determinaran ni la cobertura ni la población real objeto del beneficio. “Todo se hizo sin tener claridad de nada”.

La Opinión llamó insistentemente a los teléfonos celulares de Galán, Aguilar y al del exalcalde Ramírez, pero ninguno respondió las llamadas ni los mensajes que se dejaron en-sus buzones.

A propósito de esta medida, Castellanos dijo que estas mismas faltas cometidas en el contrato del PAE de 2014 se siguen presentando en los contratos del programa Comunidad-Gobierno, porque no se tienen estudios técnicos de cada una de las vías a intervenir, solos e limitan a dar un monto de recursos y un listado global de calles.

El munícipe dijo que prepara una solicitud al alcalde César Rojas y al secretario de Infraestructura, Yonny Pascual Contreras, en la que les pedirá que presenten los estudios técnicos de las cuadras que se van a pavimentar en la actual vigencia, al igual que con los recursos del crédito, “para que no pase que al cabo de dos y tres meses las calzadas se hundan porque el terreno era inestable”.

Castellanos dijo que llama la atención que en casi todos los contratos de obras civil que se han adjudicado se ha tenido que hacer adicionales, como es el caso del colegio Inem en el que se terminó invirtiendo $4.500 millones de pesos después de un primer  monto contratado por $3.500 millones.

Solicitó a la Procuraduría que intervenga en estos procesos porque se observa que se viola el principio de planeación.

Los cargos

Al secretario General de la alcaldía de Donamaris Ramírez, Jimmy Galán, la procuraduría Provincial le formuló dos cargos como faltas gravísimas, por su presunta violación de la ley de contratación y por haber transgredido en la etapa precontractual y etapa de ejecución del contrato disposiciones contenidas  en el artículo 209 de la Carta Política.

A Clara Paola Aguilar, un único cargo,  por haber incurrido en presunta falta disciplinaria en función de suscripción y aprobación del contrato del PAE.

Para la Procuraduría es claro el contrato se apartó de los lineamientos técnicos trazados para estos fines por el Ministerio de Educación, por consiguiente calificó de gravísima la falta en que incurrió la funcionaria.

Por su parte, a William Luengas, en calidad de supervisor del contrato, según informe de la Contraloría Municipal, ordenó y certificó cupos de alimentación a colegios y fundaciones privadas en una cuantía de 107 millones de pesos, lo cual se constituyó en una falta gravísima por cuanto estas raciones fueron canceladas con los recursos del programa de alimentación escolar que es para estudiantes pobres de colegios y escuelas públicas.

Los disciplinados cuentan con diez hábiles, a partir de la notificación de la medida para que den contestación a los pliegos de cargos. Contra el presente auto o procede recurso alguno.