El Programa de Alimentación Escolar (Pae) departamental ya tiene un operador sugerido.

En la Gobernación de Norte de Santander aceleraron y así tendrá que hacerlo la Corporación Social Buen Corazón, operador al que el comité evaluador recomienda contratar, para comenzar a repartir los servicios para estudiantes en la región.

Según la página de contratación pública del estado, en el acta del comité evaluador —firmada este martes 5 de febrero— se especifica que se recibieron tres propuestas: Fundación Ecológica y Social La Esperanza, que fue declarada no habilitada jurídicamente y financieramente; y Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, que no cumplía financieramente el pliego de condiciones.

El grupo recomendó adjudicar el contrato a esta corporación, que tendrá un primer contrato por 47 días del calendario escolar, lo equivalente a dos meses y medio de clases. Luego se tiene que comenzar otro proceso licitatorio del contrato macro para el resto de los 147 días académicos. 

Este primer contrato tiene un valor de 18.594.328.000 pesos. La Gobernación dispuso del 65 por ciento del recurso para el inicio del programa.

La posible fecha de comienzo sería para el 18 de febrero cumpliendo los plazos contractuales, 20 días después del inicio de clases.

Sin embargo, la gerente del programa, Milena Velásquez indicó -en días pasados- que si el proponente seleccionado consideraba que no era necesario tomar los días de la etapa de alistamiento (10 días) arrancarían el 11 de febrero.

Este programa es vital para mantener la asistencia a clases, sobre todo en la zona rural, donde cubre el 100 por ciento de la matrícula.

Cambio de razón social

Esta corporación manejó el programa a partir de agosto del año pasado. Y también tuvo a su cargo el Pae del departamento en 2017 pero con otra razón social, de nombre Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa, cuyo cambio de nombre quedó inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 11 de julio de 2018, bajo el número 00306958.

Por Tanai Jawa la Procuraduría Regional abrió investigación a la secretaria de Educación departamental, María Fabiola Cáceres, por presuntamente omitir en el cumplimiento de sus funciones la supervisión del convenio de asociación 003 de 2016. 

Además, a mediados del año pasado, la Procuraduría General abrió indagación al gobernador, William Villamizar, por presuntas irregularidades en la adjudicación de cuatro convenios para ejecutar el Pae. 

De acuerdo con la investigación, la gobernación adjudicó los convenios a través de contratación directa, con lo que habría omitido presuntamente citar a una convocatoria pública, tal como se requería en atención al objeto contractual y las actividades que se debían desarrollar.

Los convenios objeto de la investigación fueron otorgados a esta corporación, entre el 25 de enero de 2016 y el 5 de enero de 2017.