Por: Altagracia Anzola | altagracia.anzola@laopinion.com.co

Un billón de pesos del presupuesto nacional que se desprenden de obras por impuestos, Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), cooperación internacional, y el sector privado se están ejecutando para el desarrollo de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial  (PDET), en el marco de la estrategia Catatumbo Sostenible.

Así lo informó el domingo, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien lideró la jornada “Círculos de Información en los PDET”, realizada este fin de semana en el Club Comercio.

Archila aseguró que han tenido un “muy buen resultado”, tomando en cuenta la importante inversión que se ha venido realizando de manera sostenida para la ejecución de este instrumento de gestión que se incluyó como una idea en el  Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque. 

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El consejero explicó que el encuentro de la segunda jornada de PDET Subregión Catatumbo que forman parte del marco de sesiones de Catatumbo Sostenible, concentraron los grupos motores, “para reunirnos con las mesas de víctimas, con los líderes del proceso de sustitución voluntaria de cultivos, mostrarles los avances, escuchar las indicaciones que vayan a tener”, explicó.

Esto con la intención de cumplir con las expectativas de la comunidad, aunque esta es una estrategia cuyos resultados tangibles serán a largo plazo. “Para solidificarla le estamos poniendo mucha atención a la estructuración de proyectos”, agregó. 

Unidad de Víctimas

La directora de la Unidad de Víctimas, en Norte de Santander y Arauca, Johanna Gelvez, explicó  que la reunión interinstitucional articulada también con la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), persigue recibir el aporte de las víctimas como “agentes constructores de paz”.

De los recursos destinados para los municipios PDET ubicados en el norte del departamento, se ha ejecutado 70%, en ejecución 21% y el restante estructurado 9%.

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Gelvez manifestó que han trabajado en la construcción de placa huellas, construcción de escuelas, escenarios deportivos, salones comunales y entrega de dotaciones escolares, musicales, tecnológicas y deportivas “que han contribuido a fortalecer los procesos de participación y convivencia de estas comunidades”.

Denuncian privilegios 

Yaqueline Mejia Galván, coordinadora de la mesa municipal en representación de las víctimas del municipio del Tarra, cree que los alcances de los Pdet han sido limitados. En el cruce de datos de los listados hay víctimas altamente afectadas que permanecen desasistidas, aseguró.

Solicitó que el Gobierno tome en cuenta a las mesas en la elaboración de listados de aquellas personas que serán acogidas por el programa. “Actualmente se eligen desde Bogotá. Ellos hacen cruce de datos con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS)  y la Unidad de Víctimas. Cuando traen esos listados de la capital al territorio, muchas veces esas personas ya ni residen en el municipio”, explicó. Además, afirmó que hay funcionarios municipales que se favorecen de los proyectos, como el caso de “Familias en Su Tierra”, que atiende a grupos desplazados que son retornados, por el solo hecho de ellos residir en la zona. 

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“En la parte de los listados he visto mucha discriminación y he visto mucho aprovechamiento por parte de la administración y eso no es justo. El funcionario en sí es víctima del conflicto y merece la reparación del Estado, pero ellos están ganando un sueldo, mientras que la población que verdaderamente la necesita la dejan por fuera”, expresó la coordinadora.

Al respecto, Archila, dijo no tener conocimiento de esas denuncias y reiteró que “no quede ninguna duda que las directrices del Presidente y las directrices que nosotros trabajamos es de cero tolerancia con ningún tema de favorecimientos ni de privilegios. Si existe cualquier duda, estamos abiertos para recibir las denuncias, anónima, verbal, por escrito o como corresponda”, sentenció.

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