En momentos en que el gobernador de Norte de Santander William Villamizar empieza a cumplir una sanción de tres meses de sus funciones, por las presuntas irregularidades en la suscripción de un multimillonario contrato de bilingüismo, un grupo de ciudadanos está insistiendo al Ministerio Público para que abra una nueva investigación en contra del mandatario por crear un sistema de empresas mixtas para la Ley 80 de Contratación.
Aunque las reclamaciones se han hecho a la Procuraduría General de la Nación desde junio pasado, en una carta más reciente del 8 de agosto último, la ciudadana Alejandra Lucía Vivas Peña sostiene que la empresa Nuevas Tecnologías Innovación, Ingeniería y Telecomunicacioes, Niu Telco S.A.S., fue creada como empresa mixta (público-privada), pero que en sus funciones opera como si fuera pública lo que permite ciertos beneficios tributarios.
Esta empresa, según indica la comunicación dirigida a la Procuraduría, tiene como socios a los mismos de la Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia (Funtics), la misma que celebró un multimillonario, al parecer, irregular en La Guajira, por lo que el gobernador de este departamento, Wilber Hernández, está suspendido.
“... esta empresa ha venido contratando con la Gobernación de Norte de Santander, de tiempo atrás, y ustedes como órgano de control tienen conocimiento en un caso puntual, proceso de la Gobernación de La Guajira, pero con otro nombre o razón social, siendo los mismos propietarios de la empresa Niu Telco S.A.S. (con los mismos objetos sociales al investigado, con el departamento de La Guajira)”, indica la comunicación de Vivas Peña a la Procuraduría.
En las aparentes irregularidades que habría hecho Villamizar está la de autorizar, directamente y sin control alguno, multimillonarios contratos soportados en la forma de operación de la empresa que fue aprobada por la Asamblea.
“El gobernador de Norte de Santander se autoriza mágicamente, así mismo como gobernador, a firmar varios convenios interadministrativos, con contratación directa, en tiempo récord, comprometiendo vigencias futuras, unas horas antes del inicio de la ley de garantías por un valor superior a los 41 mil millones de pesos, tal y como lo señala el Secop”, dice la denuncia referenciada a la Procuraduría.
Se cita igualmente la creación de otra empresa mixta entre el Instituto Financiero para el Desarrollo del Departamento de Norte de Santander (Infinorte), con la firma Sistemas y Servicios Empresariales S.A.S. (Sires), que crearon la Sociedad Sistemas y Servicios de Apoyo a la Administración Pública y Privada S.A.S. (AP-System S.A.S.), con el objeto de que recaudara los impuestos.
“La ley tiene establecido que el cobro de estampilla se hace directamente por el ente territorial y no a través de terceros, haciendo onerosa, sin necesidad, los costos a los ciudadanos y de manera onerosa al contribuyente para el pago de los mismos, entidad sin competencia funcional para el desarrollo del objeto social de la convocatoria mencionada”, dice la comunicación que estudia la Procuraduría sobre las supuestas irregularidades.
Aunque las comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación están desde mitad de año, hasta el momento no se conocen decisiones del Ministerio Público al respecto.
