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Venezuela
Constituyente suprimió la Alcaldía Mayor de Caracas
El alcalde provisional de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el opositor Alí Mansour, aseguró que la decisión de eliminar esta institución es un “golpe de Estado”.
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EFE
Jueves, 21 de Diciembre de 2017

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela  (ANC) aprobó por unanimidad suprimir la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuyo último alcalde electo, el opositor Antonio Ledezma, escapó del país el mes pasado tras más de mil días privado de libertad.

“Se suprime y ordena la liquidación de la Alcaldía Metropolitana, el Cabildo Metropolitano y la Contraloría Metropolitana, todas estas del área metropolitana de Caracas”, reza el decreto de supresión.

Con jurisdicción sobre los cinco municipios que conforman la gran Caracas, la Alcaldía Metropolitana estaba considerada la institución municipal más poderosa del país. 

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Tras la primera victoria electoral de Ledezma en 2008, el Gobierno del presidente Hugo Chávez creó una alcaldía paralela que dejó muy mermada la capacidad de actuación de la Alcaldía Metropolitana.

Junto con la Alcaldía Metropolitana de Caracas, la Constituyente -integrada únicamente por oficialistas, que han tomado todas sus decisiones por unanimidad desde que tomaran posesión en agosto- ha eliminado también la Alcaldía del Alto Apure, entidad situada en el oeste del país.

La Alcaldía Metropolitana de Caracas y la del Alto Apure fueron las dos únicas del país para las que no se celebraron elecciones el pasado 10 de diciembre, cuando en el resto de los municipios se eligió alcalde en los comicios locales.

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El alcalde provisional de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, el opositor Alí Mansour, aseguró que la decisión de la de la Constituyente de eliminar esta institución es un “golpe de Estado” y denunció que los trabajadores están siendo agredidos por “grupos oficialistas”.

La ANC también aprobó  un decreto que establece que los partidos que quieran participar en próximas elecciones deben haber participado en los comicios anteriores y obliga a los que no lo hicieron a renovarse ante el Poder Electoral si no quieren ser inhabilitados. 

Este decreto pone en riesgo la estabilidad de los partidos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) -que no participaron en las municipales del pasado 10 de diciembre- y que podrían quedar fuera en los comicios presidenciales de 2018.

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