La Masacre de El Amparo fue un hecho acontecido el 29 de octubre de 1988 en Venezuela, específicamente en la localidad de El Amparo, municipio Páez del estado Apure fronterizo con Colombia, donde fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”, que consistía en la lucha contra grupos subversivos colombianos. Las víctimas totales fueron 16, dos de ellas sobrevivieron.

Esta matanza fue coordinada por los jefes del Cejap el general Humberto Camejo Arias, el coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero, casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.

Impunidad

El proceso de investigación del caso se hizo bajo la jurisdicción militar. Los militares se declararon inocentes, sus argumentos fueron que se enfrentaron supuestamente con grupos subversivos declarando así la actuación de legítima defensa.

El 10 de agosto de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso asignándole el número 10.602. El 12 de octubre 1993, la Comisión de conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicó un informe en el cual se recomendaba al gobierno de Venezuela, para ese entonces al mando de Ramón J. Velásquez, que investigara y sancionara a los autores materiales, intelectuales y encubridores del hecho, a su vez que se indemnizara a las víctimas.

Hasta la fecha, ninguno de los acusados han sido detenidos, al contrario, hoy gozan de plena libertad y algunos ocupan altos cargos públicos.