El gobierno de Venezuela destacó avances en su sistema carcelario y aseguró estar en camino de cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que dictó medidas de protección para los internos.

En una audiencia en la sede del tribunal en la capital de Costa Rica, representantes del estado venezolano destacaron que cuatro de los centros de detención objeto de las medidas provisionales han superado los graves problemas señalados por la CorteIDH y las otras tres están en “transición”.

Por el contrario, representantes del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) alertaron de que persiste la situación de violencia y hacinamiento que provocaron la acción de la corte regional.

La viceministra para el Servicio Penitenciario, Mirelys Contreras, reconoció que las cárceles de su país vivían un grave problema de violencia, hacinamiento, deplorables condiciones de salud y falta de control de seguridad.

“Frente a esta situación que se presentaba en las cárceles, el Estado venezolano implementó medidas estructurales destinadas a garantizar los derechos humanos de los privados de libertad”, indicó Contreras. 

Señaló que las autoridades tomaron control de los centros de detención para erradicar el ingreso de armas, drogas y celulares y ofrecer condiciones adecuadas a los presos.

Detalló que desde 2011 se construyeron 38 obras de infraestructura carcelaria que elevó la capacidad de detención a 81.300 plazas, para una población carcelaria de cerca de 55.000 personas.

“Todas estas acciones han permitido superar las condiciones que fueron detectadas por esta corte al momento de dictar las medidas provisionales en al menos cuatro centros penitenciarios”, dijo.

Los tres centros restantes objeto de medidas de la CorteIDH, “se encuentran en etapa de transición hacia el nuevo régimen penitenciario” aunque el Estado tomó control de ellos, dijo Contreras.

Sobre la situación de las cárceles, el abogado del OVP Nizar Munir El Fakih indicó que en los establecimientos sometidos a medidas de protección hay 19.035 internos, con niveles de hacinamiento que oscilan entre 48 % y más de 800 %, lo que genera problemas sanitarios y de violencia.

TSJ rechaza sanciones

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó  las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra ocho de sus magistrados, al acusarlos de usurpar la autoridad del Parlamento de mayoría opositora.

La medida del Tesoro de Estados Unidos, ordenó congelar los bienes que pudieran tener en ese país el presidente del TSJ  Maikel Moreno -cercano a Maduro- y otros siete jueces de la Sala Penal del TSJ, varias de cuyas sentencias tienen prácticamente maniatada a la Asamblea legislativa. El gobierno de Estados Unidos “intenta coaccionar e intimidar la conciencia de los magistrados para imponer una agenda al margen de las leyes y del proceso democrático del país”, añadió la declaración del TSJ. 

La corte subrayó que la sanción supone un “acto arbitrario” que “viola los derechos fundamentales de los magistrados, al imponer sanciones unilaterales”.