La orden del juez la sacudió de su tedio, después de tres horas de audiencia. “De pie, la sentenciada”. Ella se levantó y apenas oyó el martillazo del jurista, miró al estrado. Sabía que la iban a condenar, pero cuando escuchó que la pena sería de 14 años por proxenetismo con menores de edad, le fallaron las fuerzas.

Con las manos temblorosas, la transgenerista trató de aferrarse a la mesa de los acusados. Y con ojos desorbitados contempló a los asistentes en la sala, como si un espanto le estuviera arañando la nuca, hasta caer vencida en el sillón.

Resoplando con dificultad, John Jairo Hurtado Sánchez, llamado “Mónica” por su elección, sintió sobre sí el peso de una investigación judicial que hundió el dedo en una llaga que Medellín no ha podido cicatrizar: la prostitución infantil.

El viernes 15 de marzo de 2019, el juez 20 Penal del Circuito enumeró las pruebas y testimonios documentados a lo largo de un proceso judicial de dos años. De acuerdo con las pesquisas de la Fiscalía adscrita al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), en la ciudad actúan redes de travestis veteranos, conocidos como “las Madres”, que administran con puño de hierro el comercio carnal con niños y adolescentes de 12 a 17 años.

Los proxenetas se encargan de adiestrarlos, vestirlos con atuendos femeniles, procurarles una aberrante clientela y cobrarles una “liga” de $10.000 a $50.000 por cada pedófilo que sacie su lujuria con ellos en los antros y residencias de las comunas 4 y 10 (Aranjuez y La Candelaria).

Estos oprobios se venían cometiendo desde 2012, utilizando a menores de edad con severas condiciones de vulnerabilidad, sumidos en la miseria, sin familia, drogadictos, mendigos y rechazados por la expresión temprana de su homosexualidad.

La investigación comenzó en 2017 con las denuncias de varios infantes recluidos en un albergue del nororiente de la capital antioqueña, a partir de las cuales las autoridades identificaron a tres sospechosos: John Jairo Hurtado Sánchez (“Mónica”), de 56 años y nacido en Medellín; John Jairo Quiroz Hernández (“Yolanda”); y Martín Castro Ramírez, de 49 y oriundo de Florencia (Caquetá), apodado “Michelle” o “la Pezuña del Diablo”.

Los vejámenes

“‘Mónica’ me dijo que si no le daba $15.000 por haber estado con un cliente, me dañaba la cara”, relató una de las víctimas presentadas por la Fiscalía en el juicio oral, en octubre de 2018.

Algunas transgeneristas que rindieron testimonio explicaron que a los proxenetas les decían “la Madres” porque al principio, durante el proceso de reclutamiento, se comportaban como unos auxiliadores que brindaban techo, comida y una oportunidad laboral a las desarraigadas de la calle.

Les enseñaban a lucir pelucas y minifaldas, al igual que a desenvolverse en la cama y no robarles a los clientes, en jornadas de 3:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del día siguiente.

Sin embargo, una vez enroladas en la prostitución, su retorcido instinto maternal hacia las infantes meretrices era reemplazado por una conducta de violento capataz, propinando golpizas a quienes incumplieran los pagos, restringiendo el acceso a las esquinas para ejercer el oficio y castigando a aquellas que armaran escándalos que espantaran a los degenerados compradores de placer.

En varias oportunidades “la Madres” contaban con el apoyo de “los ahijados”, una especie de séquito conformado por muchachos que vigilaban la zona y mantenían la disciplina a punta de palizas.

Sobre “Yolanda”, una testigo advirtió que las obligaba a comprarle el maquillaje y las lociones que vendía por catálogo, so pena de desplazarlas del Centro o “pegarles una puñalada”.

Según el juez, no se comprobó que los tres procesados actuaran como una banda unificada, pero se conocían entre sí y dividieron los territorios para “no pisarse las mangueras”.

A “Mónica” le correspondía regentar las actividades sexuales en inmediaciones del barrio San Diego y la avenida 33; a “Michelle”, el sector de Lovaina, en el barrio San Pedro; y a “Yolanda”, la zona de Barbacoas, la calle Perú, el Parque de Bolívar y los bajos del viaducto del metro entre las estaciones Parque de Berrío y Prado.

Por cada encuentro con las muchachitas, los clientes pagaban sumas entre los $40.000 y $100.000. A diario, cada travesti era explotada hasta cinco veces, lo que dejaba importantes ganancias para las celestinas.

Una de las testigos refirió que “las Madres” prestaban dinero a las jóvenes para que se sometieran a peligrosos tratamientos estéticos, que consistían en inyectarse aceite en los glúteos y los pectorales para aumentar la proporción de sus carnes.

Los riesgos para la salubridad pública no paraban allí, pues las cacicas padecían graves enfermedades contagiosas y en ocasiones se acostaban con los mancebos y la clientela, aumentando las probabilidades de esparcir las infecciones en la comunidad.

Tal cual argumentó su defensa en los estrados, “Michelle” padece VIH, tuberculosis y hepatitis B. Fue por esta razón que, una vez capturada en octubre de 2017, le fue otorgada la detención domiciliaria. En el alegato quedó claro que, de ser conducida a una cárcel, existía una alta posibilidad de propagar los virus en un ambiente de hacinamiento.

La otra cara de la moneda

Durante el juicio, dos de las víctimas se retractaron de su denuncia inicial, argumentando que fueron manipuladas o que simplemente habían actuado por odio. Según el juez, estas situaciones son comunes en casos de abuso sexual, y suelen presentarse por miedo de los afectados o influencia de los verdugos, por lo que la narración no fue descartada como prueba.

Aun así, los abogados defensores presentaron testimonios de personas que metieron las manos al fuego por las “las Madres”, expresando que hacían una labor filantrópica con la población Lgbti y que su detención obedecía a chismes y embustes.

Sobre “Yolanda”, se dijo que, tras superar la prostitución, se convirtió en una activista a favor de los derechos de los homosexuales, que participaba en talleres de sensibilización, organizaba eventos y luchaba para obtener recursos que aliviaran la penosa situación de los jóvenes que vivían en la indigencia.

También alegaron que el expediente en su contra podría ser un montaje, ya que se había ganado varios enemigos en la Fuerza Pública, pues acostumbraba a denunciar a los policías que cometían atropellos contra las transgéneros.

Acerca de “Mónica”, algunos testigos indicaron que les vendía almuerzos y la describieron como un “ejemplo de autoridad” en el gremio; de “Michelle”, que les daba albergue en un inquilinato y que el remoquete de “la Pezuña del Diablo” no se lo habían puesto por intimidar a la gente, sino porque tenía muy largas las uñas de los pies.

Para el juez, la cercanía de los acusados con los travestis adolescentes se convertía en una oportunidad para el proxenetismo, “incluso los testigos de la defensa dieron a entender que se relacionaban con las menores prostitutas”, recalcó, haciendo énfasis con el índice derecho apuntando a los presentes.

Al concluir los alegatos en el juicio, absolvió a “Michelle” por el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Según la Fiscalía, ella había convivido con un niño transgénero en el inquilinato, de quien habría abusado varias veces; no obstante, en el interrogatorio no quedaron claras las fechas ni la edad del menor al momento de los hechos, por lo que esa duda probatoria jugó a favor de la imputada.

A la audiencia del pasado viernes en el Palacio de Justicia, “Mónica” llegó cojeando, al tiempo que afirmaba que la trombosis le tenía los pies hinchados.

Vestía un leggins negro y una camiseta anaranjada. Llevaba el rostro desaliñado, sin maquillaje, con las cejas rasuradas y el cabello recogido en una moña. Debido a su obesidad, se acomodó con parsimonia para escuchar la sentencia.

Las otras dos no asistieron, por quebrantos de salud. El juzgado la condenó, junto a “Yolanda” y “Michelle”, a 14 años por proxenetismo con menores de edad. Los tres defensores anunciaron que apelarán la medida ante el Tribunal Superior de Medellín.

El togado agregó que mientras no haya un dictamen médico legal que sugiera lo contrario, “Michelle” purgará esa pena con prisión domiciliaria; la misma suerte corrió “Mónica”, quien sufre de diabetes mellitus, hipotiroidismo y tiene antecedentes de trombosis. Entre tanto, “Yolanda” continuará en un pabellón de la cárcel Bellavista.

Al final de la diligencia, “Mónica” se despidió de cada uno de los funcionarios con un apretón de manos. A las afueras del recinto la esperaban varias allegadas, enjuagando las lágrimas. A pesar de la condena, se esforzó por sonreír y les dijo, con un tono que mezclaba alegría y resignación, “voy pa la casa”.