Luego de varios meses de argumentos y contraargumentos, la juez 41 penal del Circuito de Bogotá negó, por segunda ocasión, la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía, en el proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal.
La juez Laura Barrera descartó los argumentos expresados por la Fiscalía y la defensa del exmandatario, al asegurar que no se hizo un esfuerzo serio ante la investigación en el que Uribe habría participado en el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve, a través del abogado Diego Cadena.
Más de media hora después de la hora programada, la juez empezó la diligencia con las partes presentes en las que apareció el expresidente Álvaro Uribe. Posteriormente, comenzó a señalar algunos de los argumentos por los que han presentado las partes involucradas y qué tantos rifirrafes han tenido.
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La defensa, en cabeza del abogado Jaime Lombana y Jaime Granados, junto a la Fiscalía están en la línea de que este proceso debía precluirse por atipicidad de la conducta, esto significa que Uribe no delinquió y que, si se cometió algún delito, él no lo conoció.
En oposición se encuentran el exfiscal General Eduardo Montealegre, el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo, el senador Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río, abogado de Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, uno de los principales testigos contra Uribe.
Según argumentó la jueza Barrera, hay pruebas suficientes para mantener la investigación contra Uribe por presuntamente haber intentado sobornar al testigo Juan Guillermo Monsalve Pineda a través del abogado Diego Cadena.
“Contrario a lo aseverado por el señor fiscal sí existen elementos materiales, probatorios y de evidencia física que permiten afirmar que la conducta delictiva de soborno a testigos sí existió y el señor Álvaro Uribe Vélez podría tener la condición de partícipe”, aseguró
Para poderle dar preclusión al caso, la jueza resaltó que es necesario declarar cosa juzgada a favor del investigado, por lo cual debe haber total certeza de que no hay delitos por parte de Uribe. Pero a cuestión de la jueza, se demeritó el argumento de la defensa del exmandatario y el poco trabajo acucioso de la Fiscalía.
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En sus argumentos, la jueza reivindicó la condición de testigo de Juan Guillermo Monsalve, al asegurar que era absurdo rechazar su condición de testigo ante un delito presuntamente efectuado.
Igualmente, valoró la grabación en el cual el exmandatario le dijo a su abogado: “proceda, doctor Diego”, para que realizara las acciones necesarias para visitar al testigo Monsalve y ofrecerle dadivas, con la premisa de que se retractará de sus declaraciones, algo que la Fiscalía no le había dado mayor importancia durante el proceso judicial.
Entre los hechos jurídicamente relevantes, la jueza aseveró la participación de Álvaro Uribe Vélez en la preparación de la declaración del narcotraficante Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra, con la finalidad de elaborar cartas y engañar a la Corte Suprema de Justicia.
Se trajo a colación que ‘el Tuso’ tuvo varias cercanías con el exmandatario, pues era un narcotraficante colado en el proceso de paz en el conocido Pacto de Ralito.
Es de recordar que, por estos mismos hechos, el abogado Diego Cadena fue suspendido por tres años para ejercer su labor, al encontrarse responsable de ir hasta la cárcel la Picota, reunirse con el testigo Juan Guillermo Monsalve y ofrecerle dadivas y otros beneficios judiciales para que se retractara ante la Corte Suprema a favor de Uribe.
A esto, la jueza afirmó que “las cosas no pueden ser y no ser”, al asegurar que, si se declaró responsable a su abogado, no se puede precluir el caso contra el expresidente.
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Proceso judicial
El proceso contra Álvaro Uribe tuvo su génesis en el año 2012, cuando después de un debate en el Congreso, el expresidente Uribe denunció al senador Iván Cepeda por haber, supuestamente, ofrecido sumas de dinero y beneficios jurídicos a antiguos jefes paramilitares, para que estos declararan en contra del exmandatario y lo señalaran de ser el presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas y autor de crímenes como la masacre del Aro.
Seis años después, el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema determinó que no había motivos suficientes para culpar a Cepeda de los delitos que se le acusaban, y reveló que, por el contrario, había encontrado pruebas en contra de Uribe de cómo había, presuntamente, manipulado testigos que su abogado Diego Cadena se encargaba de contactar en las diferentes cárceles del país.
Por esta razón el 24 de julio de 2018, la Corte decidió abrir una investigación formal en su contra. Sin embargo, el expediente pasó a la Fiscalía luego que el exmandatario dejó de ser senador de la república.
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