La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 5.547 millones de pesos contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Iván Márquez, y el exalcalde de Tumaco Víctor Arnulfo Gallo, entre otros.
El proceso se da por presuntas irregularidades en la ejecución de un proyecto de construcción de viviendas que no se culminó y debía favorecer a 327 familias de veredas del municipio de Tumaco, damnificadas por el desbordamiento del río Mira en 2009.
El proceso tiene origen en un hallazgo fiscal detectado en el seguimiento que se hizo a una denuncia ciudadana por parte de la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras.
La contraloría encontró que el proyecto de vivienda, que no se construyó en su totalidad, se adelantó en las veredas San Juan, Achotal, Candelillas, Chinquirito, Vuelta De Cajapi y El Guabo, por un valor de 6.934 millones de pesos, suscrito por el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el municipio de Tumaco.
En ese sentido, el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) desembolsó los 6.934 millones de pesos acordados, pero las viviendas no se construyeron en su totalidad.
Los presuntos responsables son Carlos Iván Márquez Pérez, en calidad de director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien estuvo en el cargo hasta el 31 de julio de 2018; María del Rocío Entrena Viccini, supervisora del convenio (contratista asignada a la Subdirección de Riesgos de la UNGRD).
Tambien se abrió proceso a Víctor Arnulfo Gallo Ortiz, en calidad de alcalde de Tumaco en el periodo 2012-2015, y responsable de la suscripción de los convenios de 2014 concebidos para dotar de vivienda a 327 familias damnificadas con el desbordamiento del Río Mira en 2009; y Jimmy Alfredo Correa Orobio, supervisor integral de los convenios y designado en el Comité Técnico del 28 de mayo de 2014.
Finalmente se investiga a la Fundación Mujeres Dinamizadoras de Paz (FUMDEPAZ), cuyo representante legal es María Cristina Acosta Olaya.
