A diferencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27) de 2022, este año el presidente Gustavo Petro tiró la casa por la ventana y no escatimó recursos para su participación en la COP 28 en Dubái. Además de destinar plata para un sofisticado pabellón, el mandatario multiplicó casi por 13 el número de personas en su delegación, lo que una vez más deja en veremos su discurso alrededor de la austeridad.
Para la COP 27 que se celebró en Sharm el-Sheij (Egipto) entre el 6 y el 12 de noviembre de 2022 –cuando Petro apenas completaba tres meses de mandato–, la delegación fue de apenas 30 personas, como informó en su momento el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en respuesta a un derecho de petición elevado por este diario.
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Entre la comitiva se encontraban el canciller Álvaro Leyva; la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y quien fuera la ministra de Minas, Irene Vélez. El costo del viaje, según el Dapre, ascendió a $345’608.342.
Sin embargo, pasado un año, el mandatario no tuvo problema en multiplicar casi que por 13 a sus invitados y para su participación en la Conferencia en Dubái invitó a 378 personas, “tres veces más delegados que México, o la mitad de los de Estados Unidos”, como lo alertó en una columna el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien se declaró aterrado por semejante despliegue de invitados.
En la delegación presidencial se destacaron la Primera Dama, Verónica Alcocer; el canciller Álvaro Leyva; el director del Dapre, Carlos Ramón González; la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el ministro de Comercio, Germán Umaña.
Además de la secretaria para las Comunicaciones, María Paula Fonseca, y el director de Protocolo de la Cancillería, César González, también viajó el coronel Carlos Alberto Feria, jefe de Casa Militar de Presidencia, quien fue imputado en el marco del proceso por el presunto uso irregular del polígrafo en el caso de Marelbys Meza.
Por parte de los gremios hubo invitados de Asobancaria y Ecopetrol. No obstante, la delegación más grande fue la del Ministerio de Ambiente, que abarcó más de 270 personas, según información divulgada por el portal La Silla Vacía. Entre los asistentes se destacaron el viceministro de Ordenamiento Territorial, Francisco Javier Canal; la jefe de Asuntos Internacionales del Ministerio, María Teresa Becerra, y Sebastián Carranza, encargado de asuntos de Cambio Climático.
También la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry; el director de Parques Nacionales, Luis Olmedo Martínez, y Francisco Arias, director de Invemar (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras).
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Por otro lado, participó una delegación negociadora de asuntos climáticos, liderada por Diana Barba, quien estuvo acompañada por Claudia Daza Escobar y María Fernanda Vélez. A ellas se sumó Angela Rivera, encargada de Adaptación y pérdidas y daños. Adicionalmente, hubo espacio para una delegación de apoyo.
Inclusive, según La Silla Vacía, en un oficio de mediados de noviembre, el Ministerio de Ambiente le pidió a la Cancillería acreditar a otras 205 personas “bajo la categoría de organizaciones sociales y demás grupos de interés de la estrategia de participación social”.
Millonario convenio
Sumado a la numerosa delegación, durante el periplo del presidente por Dubái no dejó de llamar la atención lo invertido para el pabellón de Colombia en la COP 28. A través de un convenio de cooperación firmado de manera directa, el Ministerio de Ambiente desembolsó a Procolombia recursos por $2.292 millones para la “planeación, desarrollo, implementación, puesta en marcha y desmonte del Pabellón Colombia”.
El objetivo del pabellón, según el Ministerio, era –entre otras– contribuir al posicionamiento y promoción de Colombia y la marca país, así como al crecimiento sostenible, teniendo en cuenta que en la COP 28 “Colombia podrá posicionar sus avances en la mitigación del cambio climático, en la protección de sus ecosistemas y en el cumplimiento de las metas establecidas en el Acuerdo de París”.
Para el alquiler del espacio se destinaron recursos por $1’170 millones, más de la mitad del total del convenio. Otros $540 millones para inmobiliario, decoración y equipos, así como $337 millones para apoyo logístico y técnico. La comisión de Procolombia ascendió a $74 millones y los gastos administrativos fueron por $85 millones.
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