El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, alertó sobre una amenaza recibida en la  sede de Buenaventura (Valle del Cauca). De acuerdo con Negret, la amenaza se produjo por medio de una bala que fue arrojada al interior de la sede después de finalizada la jornada laboral, el pasado viernes. 

El jefe del órgano defensor aseguró que esta acción se presenta una semana después de que una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo fuera interceptada en el Río Naya para secuestrar al señor Iber Angulo Zamora, quien estaba siendo protegido por la misión. 

Para Negret, los hechos ocurridos “además de constituir una afrenta a la vida e integridad de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, son graves e inadmisibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que deben ser rechazadas enérgicamente por todas las autoridades estatales, la comunidad internacional y la sociedad en general”. 

En ese sentido, espera la Defensoría que el acto de amenaza registrado en la tarde de este viernes sean esclarecidos para establecer los responsables de los hechos y de esta manera evitar futuras agresiones e intimidaciones contra la institución. 

“Ninguna acción violenta o amenaza detendrá la misión humanitaria que adelanta la Defensoría del Pueblo para velar por la promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos en Colombia”, dijo el Defensor. 

Rechazo del Procurador 

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, rechazó las amenazas registradas contra  una de las sedes de la Defensoría del Pueblo en Buenaventura.  

“Rechazo absoluto a las amenazas y al terror que quieren implantar quienes se sienten acorralados por las acciones y denuncias de @DefensoriaCol. Somos el Ministerio Público y seguimos firmes mas que nunca en la defensa de los DD.HH, en especial de los mas vulnerables. @PGN_COL”, se lee en el trino del jefe del Ministerio Público. 

Estos señalamientos los hizo Carrillo Flórez, una vez el jefe del órgano defensor, Carlos Alfonso Negret, denunciara públicamente en la mañana de este sábado las amenazas hecha, al parecer, por las labores de la Defensoría en el río Naya y con las cuales reclama dar con el paradero del líder social Íber Angúlo y la misión humanitaria que está retenida, según se ha dicho, por grupos al margen de la ley. 

Para Negret, los hechos ocurridos “además de constituir una afrenta a la vida e integridad de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, son graves e inadmisibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que deben ser rechazadas enérgicamente por todas las autoridades estatales, la comunidad internacional y la sociedad en general”.