Este miércoles, un juez tumbó la aceptación de cargos del "domiciliario" que ayudó a Aida Merlano a escapar de una clínica en Bogotá. Él y su hermana habían admitido su participación en la cinematográfica huida de la excongresista condenada por compra de votos.

Los hermanos Juhass y Kerly Pineda Matallana estuvieron fuera del consultorio médico de Bogotá al que Aida Merlano se había trasladado para cumplir una cita odontológica en noviembre de 2019. Él hizo el papel de "domiciliario", al conducir una motocicleta en la que Merlano subió para escapar, y ella fue celadora de la escena.

“La investigación da cuenta que la mujer habría sido quien recibió a Merlano Rebolledo tras descender por una cuerda desde el segundo piso del edificio. El hombre por su parte, al parecer, fue quien condujo la motocicleta en la que se concretó la huida de la exparlamentaria”, señaló la Fiscalía General de la Nación en agosto de este año.

A mitad de ese mes, la Fiscalía les imputó a ambos el delito de favorecimiento de la fuga, que se encuentra en el artículo 449 del Código Penal. La norma indica que podrían tener hasta doce años de cárcel los servidores públicos, o las personas encargadas de la vigilancia de una persona detenida, que ayuden a escapar a alguien privado de su libertad.

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Pero ni Juhass ni Kerly Pineda son servidores públicos. Por eso, aunque ellos mismos aceptaron haberle colaborado a Aida Merlano en su huida, el juez 56 penal del circuito de Bogotá desestimó hoy su allanamiento a cargos. “En el caso presente, quien busca reconocer su culpabilidad carece de tal condición especial", recalcó el juez.

“La conducta delictiva requiere la presencia de alguna condición especial para su configuración, es decir que dicho delito haya sido perpetrado por un servidor público o una persona particular encargada de la custodia del condenado", explicó el togado de circuito.

El juez añadió que tampoco se acreditó que haya existido "un acuerdo para cometer la conducta delictiva con individuos que ostenten una posición similar". Es decir, la Fiscalía no probó que los hermanos Pineda Matallana hubiesen realizado algún convenio con los guardias del Inpec que en ese momento custodiaban a Aida Merlano.

Desde su imputación, los hermanos Pineda Matallana se mantienen con medida de aseguramiento en su domicilio. Por el momento, seguirán detenidos mientras la Fiscalía corrige los cargos que les sindicó, para que así la justicia pueda determinar qué es lo que prosigue en sus procesos.

Por su parte, la protagonista de la huida, la propia Aida Merlano Rebolledo, enfrentará una audiencia de acusación el próximo 16 de noviembre. La diligencia estaba pautada para el pasado 29 de septiembre, pero no se realizó debido a que Miguel Ángel del Río, abogado de la exparlamentaria, no estaba presente en el momento, por lo que envió una solicitud al juez tercero penal del circuito, el encargado de dirigir la vista pública.

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Merlano fue imputada por fuga de presos en abril de este año, cuando recién había llegado a Colombia desde Venezuela. En su momento decidió no aceptar los cargos narrados por la Fiscalía, que la investiga porque en octubre de 2019 escapó de un centro médico al que la habían trasladado desde la cárcel El Buen Pastor por una cita odontológica.

La exrepresentante, que en sus declaraciones ha señalado a las familias Char y Gerlein del caribe colombiano, se lanzó desde un segundo piso usando una soga roja. Luego, cayó en el andén de una calle principal, se subió en el puesto de pasajera de una motocicleta conducida por Juhass Pineda y huyó hasta Venezuela.

La Fiscalía investigó el suceso, llegando hasta la condena de la hija de Merlano, Aida Victoria, quien utilizó a su hermano de 17 años para llevar hasta el lugar los elementos con los que Merlano huyó. La joven Merlano apeló la decisión en su contra hace un año, y el Tribunal Superior de Bogotá no se ha pronunciado.

El excapitán David Álvarez, del Inpec, también fue condenado por los mismos hechos y se encuentra pagando quince años de prisión. En noviembre de 2021, el juez 57 de conocimiento de Bogotá lo sentenció por los delitos de prevaricato por acción y favorecimiento de la fuga de presos (el mismo por el que señalaron a los hermanos Juhass y Kerly), pues sabía de los planes de la condenada política costeña y cooperó con ellos.

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La exrepresentante Aida Merlano se encuentra en el Batallón de Ingenieros de Combate Vergara y Velasco, en Malambo (Atlántico), pagando dos condenas por delitos electorales. Una, por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte ilegal de armas; otra, por superar topes de financiación de su campaña.

La excongresista fue trasladada a esa guarnición militar atlanticense en junio, luego de pasar cuatro meses en El Buen Pastor tras ser deportada desde Venezuela. El abogado Miguel Ángel Del Río había denunciado amenazas en su contra.

Otro involucrado en el escándalo de compra de votos de Merlano es Arturo Char Chaljub. De acuerdo con la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el hermano del exalcalde Alejandro Char participó en una red de corrupción electoral de la que se beneficiaron tanto él como Merlano y la candidata de 2018 Lilibeth Llinás Delgado.

Actualmente, Arturo Char se encuentra recluido en la cárcel La Picota, de Bogotá, donde fue ordenada su detención mientras la Corte sigue investigándolo. El abogado Del Río, quien desde un principio aseguró que esa medida de aseguramiento era necesaria, ha mencionado que su intención es que la justicia procese al candidato a regresar a la Alcaldía de Barranquilla Alejandro Char.

Por último, esta semana, el 19 de octubre, el empresario Julio Gerlein será imputado por la Fiscalía. De acuerdo con Miguel Ángel del Río, Gerlein y los abogados Teodoro Dejón y Diego Muñetón le ofrecieron dinero a Merlano para que no declarara en contra de ellos en los procesos que la Corte Suprema llevaba contra la exrepresentante del Partido Conservador.

Gerlein y Dejón serán imputados por soborno en actuación penal, mientras que Muñetón, además de ese delito, será señalado por determinador de falso testimonio. Julio Gerlein en este momento es procesado por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante y violación de los topes en campañas electorales.

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