En 2005, en el barrio Santo Domingo, en Medellín (Antioquia), se registró una persecución policial con la que pretendía dar con el paradero de una banda dedicada al porte de armas y de droga que delinquía en esa zona.

Uno de los uniformados en medio de la operación vio que alias el Papi, un hombre robusto de pantalón y camisa blanca que estaba armado, emprendió la huida e ingreso a una guardería. El agente entró a un sótano siguiendo el rastro, pero este logró evadirlo saliendo por la ventana. La persecución alcanzó terrazas e incluso la residencia de una mujer que aseguró fue intimidada por el Papi para seguir escapando.

Cuando el uniformado por fin lo tuvo en la mira le gritó cuatro veces “alto, policía”, sin embargo, este se opuso y por el contrario se abalanzó contra el agente y este no tuvo otra opción que desenfundar el arma de dotación e impactarlo en la pierna derecha a la altura de la rodilla, para inmovilizarlo de alguna manera.

Alias el Papi siguió huyendo. Corrió dos cuadras con la pierna herida, al bajar unas escaleras cayó y se fracturó el tobillo, lesión que fue aprovechada por los uniformados para finalmente darle captura.

Mientras el agente hacía lo posible para dar con el paradero del hombre, su equipo de trabajo recogía una libra de marihuana, una pistola calibre 22 marca Browning con un proveedor y tres cartuchos para la misma en regular estado de funcionamiento y sin permiso para porte ni tenencia. El material, supuestamente, fue abandonado por alias el Papi una vez empezó la persecución en su contra.

El hombre que responde a Édgar Julio Arce, finalmente fue procesado por porte de estupefacientes y porte de armas. El juez le dictó medida de aseguramiento, pero en cuanto empezó el juicio en su contra este señaló que en el momento del operativo él estaba con un amigo, quien salió corriendo al ver a la policía, él hizo lo mismo y fue impactado con el arma de fuego sin previo aviso. 

Su testimonio bastó para quedar en libertad y que la investigación en su contra se archivara, debido a que “no está demostrado que el capturado tuviera en su poder la sustancia y el arma incautadas”.

La lesión 

En razón a su herida, Medicina Legal le dio 70 días de incapacidad de manera provisional, en 2008, el órgano forense se la extendió a 180 días y dictaminó que la lesión le causó “deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente”.

El caso llegó al Tribunal Administrativo de Antioquia, que en primera instancia estableció que, si bien la lesión sufrida por el demandante ocurrió como consecuencia del uso injustificado y desproporcionado de la fuerza por parte de un agente de policía, debido a que no se demostró que Arce hubiera constituido una verdadera amenaza que obligara al empleo del arma, la conducta de la víctima contribuyó en la causa del daño, puesto que emprendió la fuga ante la presencia de las autoridades.

El caso llegó al Consejo de Estado y dijo que hubo falla en el servicio, es decir, una falta en el policía por impactarlo, y una falta de el Papi, que emprendió la huida para evitar su captura. “La Sala confirmará el sentido del fallo del 13 de febrero del 2013, en lo que respecta a la responsabilidad de la Nación del Ministerio de Defensa y de la Policía”, por lo que esta entidad deberá pagar a el Papi más de 40 millones de pesos.