La Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio 77 bienes por un valor de 27.044 millones de pesos que pertenecían a personas presuntamente involucradas en actos de corrupción en la construcción del interconector Tunjuelo- Canoas.
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Los bienes ocupados con fines de extinción de dominio están en Bogotá, Villavicencio, Cajicá, Girardot, Tabio (Cundinamarca) y Orocué (Casanare) y corresponden a cinco predios rurales, entre los que se destacan una finca de 3.000 hectáreas y un condominio campestre. Además de 44 inmuebles urbanos en Bogotá y Villavicencio (Meta).
También fueron ocupadas bodegas, garajes y un local comercial en un centro comercial por valor de 1.175 millones de pesos, al igual que 28 vehículos entre los que se encuentran automóviles, camionetas, camperos, camiones, una retroexcavadora y volquetas.
Dentro los bienes ocupados se encuentra una casa declarada de interés cultural ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., que está a nombre de la señora María Eugenia Rojas de Moreno, madre del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno y del exsenador Iván Moreno.
Estos bienes pertenecían de acuerdo con la Fiscalía a Jaime Buenaventura Quintero Sagre, Orlado Fajardo Castillo, Carlos Alberto Acero Arango, Carlos Alberto Solarte Solarte,. Mercedes Lucía Garzón, Jaime Andrés Quintero Garzón, Inversiones y Construcciones del Castillo S.A.S., Inversiones del Siglo XXI (antes Constructora Fajardo Nieto), María Camila Fajardo Russi, Vianny Sayuri Fajardo Briceño, José Gustavo Fajardo Castillo, Luz Mary Fajardo Castillo y Luis Gabriel Nieto.
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Los bienes afectados serán puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
Contrato Tunjuelo Canoas
Este contrato tenía como fin la descontaminación del río Bogotá a través de la construcción de un interconector que captará agua residual del río Tunjuelo hacía una planta de tratamiento para descontaminar parte del río Bogotá, que no se termino por un entramado de corrupción que afectó al proyecto en su fase de planeación y ejecución.
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Los hechos ocurrieron, de acuerdo con la Fiscalía, en 2009 con la suscripción del contrato de obra pública entre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el Consorcio Canoas. Los hallazgos administrativos con incidencia fiscal y penal por la no terminación de la obra superaron los 200 millones de pesos.
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