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Human Rights Watch critica al gobierno porque aún no reforma a la Policía

Jueves, 13 de Enero de 2022
HRW vincula a la policía con 25 asesinatos de manifestantes.

Desde Human Rights Watch (HRW) criticaron al Gobierno colombiano por su incapacidad de reformar la Policía después de la violencia derivada del Paro Nacional de 2021.


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“El Gobierno aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial”, fue el pronunciamiento de HRW, que coincidió con la presentación del informe anual sobre la situación de Derechos Humanos en América Latina.

Esta organización no gubernamental aseguró que durante las protestas del Paro Nacional, que iniciaron el 28 de abril del 2021, hallaron que la Policía está vinculada con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes con municiones letales.

“Cientos de manifestantes resultaron heridos y algunos sufrieron pérdida de visión posiblemente permanente en un ojo, como aparente resultado de cartuchos de gases lacrimógenos, bombas aturdidoras o proyectiles con impacto cinético disparados con armas antidisturbios”, relata el apartado de la violencia policial en Colombia de HRW

Pese a que el año pasado se aprobó la Ley de la Reforma a la Policía que, entre otras cosas, contempla sanciones más fuertes para los funcionarios que abusaran del poder, HRW consideró que “todavía no hay un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de Derechos Humanos”.

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En este punto Juan Pappier, investigador de HRW, insistió en Blu Radio sobre la necesidad de que una reforma policial genere el traslado de la Policía desde el Ministerio de Defensa, donde está actualmente, hacia el de Ministerio de Justicia.

Esta ONG también reconoció que, aunque la mayoría de protestas fueron pacíficas, algunos civiles cometieron graves actos de violencia, “incluyendo agresiones contra policías y ataques a dependencias policiales”.

Este informe documenta, además, que desde el 2014 se han reportado 82 masacres en el país. También alertó que 450 líderes sociales han sido asesinados desde 2016, cifra que convierte al país en uno de los más riesgosos para ejercer la defensa de los Derechos Humanos.

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Colprensa
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