La Paz Total ha sido la bandera del presidente Gustavo Petro, incluso desde la campaña, puesto que la sugirió como su fórmula para solucionar de forma definitiva el conflicto armado en Colombia.

En la práctica, esta ley le otorgó facultades al jefe de Estado y al alto comisionado para la Paz para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales.

Además, contempló la designación como gestores de paz a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML) para que contribuyeran a los diálogos.

Así mismo, la de voceros de paz, entendidos como integrantes de organizaciones sociales y/o humanitarias que han manifestado la voluntad de ejercer este rol, y que están siendo investigados y no han sido condenados en sus respectivos procesos.

Sin embargo, a un año de su materialización, este deseo de paz se ha ido diluyendo por la falta de una ley de sometimiento, la improvisación en la Oficina de Paz y las evidentes crisis que viven los procesos con cada grupo armado.

Esta semana, la Corte Constitucional se pronunció frente a la Paz Total y si bien avaló la ley, también estableció condiciones.

“El presidente y la Rama Ejecutiva del poder público no pueden disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial, especialmente, si no se enmarca en un objetivo preciso, que tenga un fundamento constitucional claro y que defina un ámbito de aplicación concreta subordinado a tal finalidad”, señaló un comunicado del alto tribunal.

Lo anterior motivó al fiscal general, Francisco Barbosa, a anunciar que en los próximos días se volverán a emitir órdenes de captura contra aquellas personas de grupos ilegales que venían actuando como voceros de paz.

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Esa decisión, sin embargo, no afecta a quienes hacen parte de los procesos que se adelantan con el Eln y las disidencias del Estado Mayor Central.

“Ninguno de esos dos procesos se ve afectado, porque lo que hizo la Corte fue regular el tema de los gestores de paz en el sentido de que no pueden ser personas privadas de la libertad”,  explicó Luis Trejos, docente de la Universidad del Norte y experto en temas de conflicto.

El académico consideró importante que el Gobierno, al momento de presentar la ley de sometimiento o sujeción, la concerté con las otras ramas del poder público, pero cree que “ahí es donde pueden presentarse cuellos de botella”.

La razón es que “esa ley quizá no sea tan atractiva para organizaciones que hoy no tienen carácter político, pero que sí tienen mucha presencia territorial y amplias capacidades criminales”, como podría ser el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o el Clan del Golfo (AGC), detalló el experto.

Los diálogos se estancaron

Aunque la Corte dejó con vida la Paz Total, el mayor problema que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro es que los diálogos no avanzan como se tenía previsto.

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El pasado jueves se esperaba la instalación del quinto ciclo de negociaciones entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y aunque las delegaciones viajaron a México, pasaron las horas y el acto no se llevó a cabo.

Un análisis a grandes rasgos muestra que lo difícil es llegar a un acuerdo frente al secuestro, pues la demanda del Ejecutivo es clara: el Eln debe suspender esta práctica y liberar a los secuestrados.

Por su parte, el grupo guerrillero ha desestimado las pretensiones de su contraparte, al advertir, sin sonrojarse, que el secuestro es una de sus fuentes de financiación.

A todo lo anterior se suma la incertidumbre sobre el papel de Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno y ahora alto comisionado de Paz.

Para el docente Trejos, esto representa la “anticomunicación de la paz” que viene ejerciendo la OACP, crítica que comparten otros expertos que han señalado como gran debilidad de este proceso la falta de una estrategia pedagógica y de comunicación.

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¿Qué podría ayudar?

“En este momento las dos mesas están en crisis, pero más la del Eln por el secuestro del señor ‘Mane’ Díaz que obligó al Gobierno a trazar la primera línea roja que no estaba establecida y es que exija que se detenga el secuestro”, planteó Trejos.

Recordó, además, que el Estado Mayor Central se levantó de la mesa por el supuesto incumplimiento del Gobierno con el retiro de las tropas de El Plateado (Cauca).

“Ese proceso no tiene una agenda clara y el cese al fuego ha sido violado con el ataque a la fuerza pública”, consideró el analista.

Así que lo que podría ayudar sería la liberación de los secuestrados, el compromiso de no seguir reclutando menores y detener la siembra de minas antipersonal.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha sido una de las entidades que más ha insistido en este punto.

En palabras de Carlos Camargo Assis, “la sociedad colombiana no soportaría una mesa indefinida mientras haya personas en el poder del Eln”.

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