Los magistrados de la Corte Constitucional escucharon los argumentos del representante Jaime Uscátegui y la senadora María Fernanda Cabal, en su calidad de demandantes, contra la Ley 2272 de 2022 o Ley de Paz Total.
La mayor apuesta de Gustavo Petro –inclusive desde campaña– ha tenido varios tropiezos y en esta oportunidad los demandantes alegaron ante ese Tribunal que no hubo concepto previo del Consejo de Política Criminal y que las órdenes de captura de personas procesadas no deberían suspenderse para nombrar a gestores de paz.
Uscátegui dijo que lo solicitó insistentemente y a pesar de que nunca llegó sí avanzó la votación en el Congreso.
“Cuando se afecta el proceso de formación democrática de una de las Cámaras, se está violentando un principio constitucional. No tuvimos esa voz experta para ilustrar la votación de la Cámara de Representantes y del Senado de la República”, argumentó.
Así mismo, hizo un pedido al Ministro de Justicia, quien también fue convocado, para que explicara si era verdad que “el mismo 4 de noviembre, cuando el Presidente sancionó esta Ley, estaba llamando a los integrantes del Consejo Superior de Política Criminal a pedirles que a última hora suscribieran un concepto positivo”. Esto demostraría la improvisación del Gobierno, afirmó el Representante.
Néstor Osuna, jefe de esa cartera, respondió que fue el consejo técnico del Consejo de Política Criminal el que determinó que “no era procedente emitir un concepto, puesto que esta ley no versaba sobre asuntos criminales”.
La Paz Total “es un disfraz de una amnistía”
La senadora María Fernanda Cabal se refirió a la admisión como gestores de paz de aquellos que tienen una condena, como está contemplado en uno de los artículos de la Ley.
“Es un disfraz de una amnistía y un indulto para conceder libertades a procesados y condenados”, argumentó la legisladora del Centro Democrático ante la Corte.
Para la oposición, la Ley permite la materialización del llamado "Pacto de la Picota", una suerte de suspicacia surgida desde cuando el hermano del Presidente visitó dicha cárcel para supuestamente conseguir votos.
Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, explicó que no solo hay distintas figuras –facilitares, representantes, voceros y gestores de paz– sino que “el efecto de la suspensión de órdenes de captura no implica que el Ejecutivo tenga la facultad de imponerse sobre la autonomía del ejercicio del poder judicial”.
Afirmó que el Presidente no ha intervenido en la labor de los jueces y tampoco se ha eludido a la justicia; lo que se busca es la articulación de autoridades y gestores de paz para avanzar en el desmonte de estructuras criminales. Es decir, quienes sean gestores asumen tareas de cara a la paz.
Se sostuvo que “la Paz Total nace como consecuencia de los últimos procesos de construcción de paz” y no es un “capricho político”.
“La figura de gestores de paz es anterior a este Gobierno”
El ministro Osuna se sumó a la defensa de estos nombramientos, al afirmar que la figura de "gestores de paz" es anterior a esta Ley y la han usado otros gobiernos.
“Es útil para la construcción de paz e implica la asunción de unos compromisos para esos gestores de paz, que tienen la posibilidad de quedar en libertad aunque siguen cumpliendo con sus órdenes judiciales”, precisó.
Es la Fiscalía el ente que concede el nombramiento luego de evaluar cada caso y, de hecho, ha negado algunos por no pertenecer a organizaciones con estatus político.
El ministerio público se sostiene en la solicitud inconstitucionalidad
Una de las mayores críticas de la Ley de Paz Total ha sido la procuradora, Margarita Cabello. En concordancia con su posición, la funcionaria pidió a la Corte que declare inexequible la norma.
“La Procuraduría no se opone a los esfuerzos de paz que adelante el Gobierno. Las objeciones que ha presentado se orientan a llamar la atención sobre la necesidad de que en ese proceso se respete siempre el orden constitucional”, argumentó Cabello.
Para la Procuradora, las normas contempladas en dicha Ley “parecen permitir que los disidentes, que en su momento tuvieron tratos especiales en la JEP, reciban nuevos beneficios”.
"No hay duda de que la ley de 'paz total' carece de la especificidad mínima para cumplir con mandatos superiores y sus disposiciones deben someterse a escrutinio estricto”, concluyó en su intervención que, a diferencia de las demás autoridades, fue virtual. La Procuradora envió una grabación.
La audiencia continuará esta tarde cuando la Corte escuche a personas y organizaciones expertas en el tema.
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