La Corporación Pensamiento Siglo XXI, la Fundación Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózoga y el Proyecto Visión Colombia solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que adelante líneas de investigación con tratamiento diferenciado para las víctimas del conflicto armado que hicieron parte del sector productivo. Así mismo, esperan que el tribunal declare a dicho grupo como víctima colectiva de la exguerrilla de las Farc y esperan lograr una reparación simbólica, no económica.
La intención es que se reconozcan las formas en que campesinos, microempresarios, suministradores, pequeños comerciantes, transportadores y otros miembros de ese grupo fueron victimizados, y reciban reparación integral y especial. Esperan que la JEP establezca mecanismos singulares para ellos.
Así las cosas, las organizaciones enviaron un informe en el que recogen distintos hechos en los cuales se vio afectado el sector productivo, y en él pidieron para dicho grupo de personas “un tratamiento diferenciado por parte de la JEP”. De esta manera, esperan que el tribunal analice con una óptica particular lo que les sucedió a estas personas, en los macrocasos ya existentes.
Al fin y al cabo –señalan– las razones por las cuales la entonces guerrilla de las Farc afectó a los integrantes de ese grupo se resumen a dos puntos: por la diferencia ideológica de la extinta guerrilla con respecto al modelo económico de libre empresa y la propiedad privada; y como consecuencia de “la necesidad de obtener recursos para su expansión y sostenimiento”.
Entre los datos que aparecen en el documento de 48 páginas, las organizaciones ciudadanas expusieron que los miembros del sector productivo representados en agricultores y comerciantes fueron 76% más victimizados que otros sectores de la sociedad.
Además, aseguran que en los peores momentos del conflicto –entre 1988 a 1995 y después de 2003– casi todos los hechos violentos en los que estuvo involucrada la entonces guerrilla de las Farc, se concentraron “exclusivamente contra los miembros del sector productivo”.
En gran medida, los guerrilleros atacaron medios de transporte, representando el 74% de las acciones violentas. Pero también hubo otras acciones de tipo violento para destruir bienes del sector productivo, según las categorías que citan del Centro de Memoria Histórica: la quema de vehículos, el ataque directo a la propiedad y el sabotaje, entre otros.
Lo anterior se suma a las extorsiones, intimidaciones, atentados, asesinatos y otros presuntos actos violatorios de sus derechos cometidos por el grupo armado, hoy desmovilizado.
Además, aclaran que con el informe y la solicitud no pretenden excluir la responsabilidad penal que podrían tener miembros del sector productivo en el marco del conflicto, sino promover la participación de sus miembros en el sistema, para que se los reconozca como víctimas, “se asignen las responsabilidades según correspondan a los victimarios, se esclarezca la verdad y se conceda justicia”.
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