La Contraloría General de la República (CGR) entregó un informe sobre el del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2007 para subsidiar una parte de la tarifa a los consumidores cuando tanquean en épocas en las que la cotización internacional del petróleo es muy alta.
Según la entidad, desde que se creó el FEPC, el país ha tenido que pagar más de $100 billones a precios constantes de 2023, incluyendo intereses por los Títulos de Deuda Pública y señaló que el costo obedece a un mal diseño del mecanismo.
“Una conclusión importante de este estudio —en relación con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustible (FEPC)— es que ha alcanzado un déficit de $100 billones y también se ha determinado por parte de la Contraloría que este FEPC no cumplió su objetivo de nivelarse y liquidarse”, dijo el contralor (e), Carlos Mario Zuluaga.
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Con ello en mente, la Contraloría indicó que espera que este saldo rojo sea corregido por el Gobierno actual. Este deberá realizarlo con mayores aumentos en los precios internos, es decir, en los combustibles y a su vez, deberá rediseñar o eliminar el FEPC.
El documento emitido por la entidad cita que “de haber tenido un fondo que funcionara con menos restricciones y admitiera mayores volatilidades, no se hubiera tenido que recurrir a constantes apalancamientos (vía Presupuesto General de la Nación), dividendos, endeudamiento y reformas tributarias”.
Así las cosas, el organismo reveló que el costo fiscal del FEPC ha sido escasamente compensado por $1 billón generado en épocas de superávit y que ha tenido que solventar la Nación por otros medios, especialmente endeudamiento (pagarés-TES), dividendos y otras fuentes del Presupuesto General de la Nación.
De acuerdo con la información entregada por la entidad, el déficit y el mal funcionamiento del Fondo ha venido impactando la estabilidad financiera, la calificación y la deuda de Ecopetrol, empresa en la que el Estado tiene una participación superior al 80% y que es clave para generar ingresos que luego se destinan a la inversión social.
En línea con ello, la entidad subrayó que por esta razón a la compañía de petróleo más grande del país le ha tocado declarar altos dividendos.
“La consecuencia imprevista del mal funcionamiento del FEPC ha sido la necesidad de declarar altos dividendos por parte de Ecopetrol para así poder sanear el fondo con las utilidades de la petrolera, lo que conlleva a una menor disponibilidad de recursos de inversión para sus programas y derivado de esto se origina la necesidad de emitir bonos de deuda, aumentando los niveles de endeudamiento de dicha compañía”, señala otro aparte.
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En este informe de la Contraloría se cuestiona la utilización del FEPC como un instrumento para controlar las volatilidades del precio interno de los combustibles líquidos y sugiere que cualquier intento de intervención, por parte del gobierno nacional, se traduciría en un hueco fiscal más grande si el mecanismo de ahorro y desahorro no es modificado.
Además, señala que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Minas y Energía deberán establecer una nueva metodología de cálculo para la fijación de precios de los combustibles para reducir el déficit del FEPC.
“Por ahora, el aumento gradual y constante del precio interno para equipararlo al de referencia internacional es consecuente con la eliminación del déficit y los problemas que este acarrea, pero los cambios al funcionamiento del FEPC y del precio interno de los combustibles fósiles deben ser, en el largo plazo, consecuencia de la aplicación de una política constante y no coyuntural como hasta ahora”, se subraya en el estudio sectorial.
El gobierno inició una política de ajuste en el precio de la gasolina corriente desde octubre del año pasado. Y con corte a septiembre, acumula un incremento de $4.480, precisamente, para sanear las finanzas de la Nación, toda vez que en 2022 el subsidio a los combustible generó un saldo negativo de $36 billones.
El centro de pensamiento Fedesarrollo ha señalado también que este es un auxilio mal focalizado puesto que, si bien beneficia a una parte vulnerable de la población, igualmente lo hace con consumidores que no son pobres y la plata del Estado debe llegar a quienes realmente la necesitan.
Actualmente, el precio promedio del galón de corriente en Colombia está en $13.564 y se sabe que para llegar a la paridad con la cotización internacional del petróleo, tendría que subir a un valor que oscila entre $15.000 o $16.000.
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