Luego de que este 17 de mayo se cumplieran 30 años desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la homosexualidad no es una enfermedad, la Defensoría del Pueblo instó para que se proteja la población LGBTI en el país.

"Las vidas de mujeres lesbianas, hombres gay, personas bisexuales, mujeres transgénero, hombres transgénero, así como de personas con expresiones de género diversas, siguen estando expuestas a múltiples formas de violencia por prejuicio en Colombia", expuso el órgano defensor y añadió que estas personas han visto limitado el acceso a los derechos de educación, salud, trabajo y libre expresión.

Por esto, la Defensoría reiteró que es urgente implementar acciones integrales de prevención, educación y respeto de los derechos de la población Lgtbi, que permitan transformar las estructuras de la violencia y generar una cultura que respete la diversidad, como valor necesario de la democracia.

"Los más recientes casos se dieron con la aplicación de la medida ‘pico y género’ en Bogotá, Valle de Cauca y Cartagena, en donde se puso en evidencia la reproducción de estereotipos y de discriminación en razón al sexo, la identidad y la expresión de género", expresó el órgano defensor.

Lo que alertó la entidad en uno de sus documentos, es que los casos de violencia basada en género, se evidenció en personas transgénero en Magdalena y Bogotá, en las que se concluyó que el ejercicio de la prostitución como posibilidad de trabajo informal en estas poblaciones implica un alto riesgo para su seguridad y su salud, sin que puedan tener un mínimo vital y mucho menos vivienda.

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En otra alerta temprana también se denunció la llegada de migrantes y refugiadas de Venezuela a municipios como Maicao (La Guajira), en donde hay grupos grandes de mujeres trans en ejercicio de prostitución, viviendo en situación de calle y hombres gay en déficit en atención de derechos. Incluso personas con VIH sin acceso a servicios de salud.

En 2019, las Duplas de Género de la Entidad acompañaron a 227 víctimas de la violencia en todo el país y hallaron que en Cauca y Quindío, hubo desescolarización por relaciones afectivas en razón a la orientación sexual.

Existió vulneración de derechos a estudiantes transgénero por no presentar cambio de nombre en sus documentos, se les negó la matrícula y participación en ceremonias de grado por no portar el uniforme de acuerdo al sexo asignado y hasta casos de acusación en contra de madres de personas transgénero ante ICBF porque “según los colegios” ellas infunden comportamientos inmorales.

En Santander, Quindío y Valle del Cauca, hubo discriminación en razón a la orientación sexual e identidad de género en el ámbito laboral, se registraron despidos injustificados cuando se inician procesos de tránsito de género, incitación a que estudiantes de una Universidad en Quindío presentaran quejas sobre el comportamiento de una docente transgénero y amenazas con divulgar la orientación sexual en el trabajo.

Esto sin contar que continúan las barreras para tratamientos hormonales y reafirmación sexual, teniendo que acudir siempre a la tutela como mecanismo para recibir atención integral y la exposición a violencia institucional.

"En la Defensoría del Pueblo estamos convencidos de que el respeto a los derechos de esta población es fundamental para la paz en Colombia. Será su capacidad, liderazgo, movilización y especial protección, la que nos permitirá construir caminos donde se celebre la diversidad", expresaron.