El secuestro de Luis Manuel Díaz visibilizó el retorno con fuerza de esta inhumana práctica que en forma tan grave azotó a nuestra sociedad por décadas. El rechazo masivo y contundente de los colombianos y la emotiva solidaridad con Lucho Díaz, demostró que no estamos dispuestos a tolerar que los grupos armados ilegales cometan toda clase de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, mientras hablan de paz. El umbral de aceptación de la violencia es mínimo hoy, como consecuencia de la importante disminución de secuestros y asesinatos por cuenta del acuerdo de paz, que implicó la desmovilización de más de 13.000 hombres de las Farc y su desaparición. La torpeza entonces del Eln en este episodio es infinita y el costo político nacional e internacional enorme. Hicieron un gran daño a la mesa de negociaciones que había logrado avances sin precedentes con el cese bilateral al fuego y la instalación del comité nacional de participación de la sociedad civil.

Además, las declaraciones de Antonio García generan indignación justificada en la opinión pública. Señalar que “no aceptarán el chantaje de la sociedad colombiana” que con razón exige el fin del secuestro, es síntoma evidente de la desconexión que tienen algunos comandantes de esa guerrilla con la realidad nacional. Olvidan que las Farc, tomaron la decisión de abandonar una práctica que los desprestigió en el mundo entero. Si el Eln no comprende que es insostenible su decisión de persistir en el secuestro de civiles, la mesa estará condenada al fracaso.

Hace bien el jefe de la delegación del gobierno Otty Patiño al aplazar el nuevo ciclo de conversaciones hasta tanto no se aclare la posición de los elenos. No se puede aceptar su discurso de la necesidad de abordar la discusión sobre el secuestro. No hay nada que discutir. La guerrilla debe abandonarlo y liberar a todos los secuestrados que aún tiene en su poder, sin condicionamiento alguno. Pensar siquiera en la posibilidad de que el estado o la comunidad internacional contribuyan al sostenimiento de un grupo armado que enfrenta al estado y sus instituciones y se encuentra en la lista de organizaciones terroristas en el mundo, es totalmente absurdo. No hay ningún espacio para hacerlo, es una estupidez. Más aún si tenemos en cuenta que los elenos insisten en que las negociaciones de paz con el gobierno no incluyen su desmovilización y desarme. Es decir, pretenden acordar en una mesa las transformaciones sociales que reivindican, mantener en su poder las armas y que el estado o la cooperación internacional asu
man por los próximos 15 años el costo de su mantenimiento. A nadie cabe en la cabeza semejante despropósito.

Es tiempo entonces de hacer un balance frío de la política de paz total y de este proceso en particular. Sin duda el esfuerzo del gobierno por encontrar salidas negociadas a los distintos conflictos es encomiable, pero sin estrategia clara y sin un marco jurídico definido, el resultado puede ser el recrudecimiento de la violencia y el debilitamiento del estado en muchas regiones. En el caso del Eln es clave definir si esa guerrilla tiene unidad de mando que garantice el estricto cumplimiento de un cese al fuego. Si el frente nororiental y el noroccidental están comprometidos con lo que se pacte en la mesa. Si los viejos comandantes, la mayoría hoy fuera del país, tienen la capacidad de aglutinar alrededor de la paz a quienes delinquen hoy en esas zonas y capturan rentas ilegales.

Cuando se cumple un año de la ley de paz total es muy importante hacer un alto en el camino para reflexionar con serenidad sobre la capacidad disuasiva del estado en unas zonas que padecen la violencia y definir con mayor claridad el rumbo. En el caso del Eln, los integrantes de esta guerrilla deben recibir el mensaje claro y fuerte de que la mesa de negociaciones es incompatible con el secuestro. No es un capricho del gobierno, es una exigencia innegociable de los colombianos.